Por Alfredo Silletta. A un año de la presidencia de Mauricio Macri, las instituciones democráticas corren peligro: Milagro Sala como presa política; denuncias sobre los Panamá Papers que involucran a toda la familia de Macri; la compra de un banco por parte de Ángelo Calcaterra con filial en paraísos fiscales; un jefe de Gabinete que miente en forma descarada; garrotazos de la policía federal a una canciller de otro país; golpes bajos a Daniel Scioli por parte del Grupo Clarín acusándolo de pedófilo; y lo peor de todos un juez como Claudio Bonadío que quiere meter presa a toda la familia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sí es posible hacer desaparecer el cadáver de Néstor Kirchner.
En las últimas horas, además de enviar a juicio político a la ex presidenta por la causa de dólar futuro y desprocesar a todos los funcionarios que hicieron millones de pesos con las arcas del Estado, decidió ir por toda la familia Kirchner.
El juez dispuso ayer la intervención por seis meses de la empresa Los Sauces, de la familia Kirchner, como así también de la sucesión de Néstor Kirchner en el marco de una causa por presunta comisión de delitos y lavados de activos.
En su resolución de 45 páginas, sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de “irregularidades” en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido ex presidente Kirchner. La decisión afecta directamente a Máximo, que pierde también la administración de la herencia de su padre, cuya cuenta bancaria está congelada por orden de Bonadío. En ese caso se nombró un “interventor judicial” también por seis meses, para que informe sobre las transferencias de dinero de la sucesión con Los Sauces SA, sus socios y una vez más, con los empresarios K.
La ex presidenta cuestionó duramente a Bonadío por sobreseer a los funcionarios de Cambiemos y por intervenir la sucesión de Néstor Kirchner. Algunos párrafos del texto de Cristina publicado en su Facebook:
“Siempre creí que las “Actas de responsabilidad institucional” y la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) de la dictadura cívico-militar del 24 de Marzo de 1976 eran el testimonio arqueológico e irrepetible de la época más trágica de nuestra historia nacional.
Para los desmemoriados o desinformados, que dada la realidad política e institucional de nuestro país no parecen ser pocos, resulta necesario refrescar la memoria.
El 23 de Junio de 1976 la Junta Militar (Videla, Massera y Agosti) dictó el “Acta de Responsabilidad Institucional” que la facultaba para juzgar a toda persona que la Junta considerara pertinente. Si, así tal como se lee, se juzgaba o a quien la Junta decidiera, independientemente de sus conductas, de sus derechos y obviamente de la Constitución.
En esa Acta incluyeron en una primera lista a: María Estela Martínez de Perón, (Presidente de la Nación) Jorge Taiana (Ministro de Educación), Oscar Bidegain (Gobernador de la provincia de Buenos Aires), Esteban Righi (Ministro del Interior), José B. Gelbard (Ministro de Economía), Ricardo Obregón Cano (Gobernador de Córdoba), Lorenzo Miguel (Secretario General de la UOM), Casildo Herreras (Secretario General de la CGT), Carlos Menem (Gobernador de la Rioja), Carlos Rukauf (Ministro de Trabajo), Julio Broner (Titular de la CGE) y Héctor J. Cámpora (Presidente de la Nación).
Luego vinieron otras listas con empresarios y periodistas, entre ellos, Jacobo Timerman y la familia Graiver, propietarios en ese entonces de Papel Prensa, que fabricaba y fabrica el papel para diarios.
Ayer Bonadío hizo trascender en distintos medios oficialistas (Clarín, Infobae, La Nación) que envió la causa de “dólar futuro” al Fiscal para que el caso sea elevado a juicio oral. Sin embargo, en forma paralela, Bonadío mantuvo en reserva (los medios oficialistas mencionados también), su resolución en la que dictó el sobreseimiento (absolución) de los que se beneficiaron con la operatoria “dólar futuro”.
O sea, los funcionarios de Macri (en adelante los M): empezando por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui –ambos en la jefatura de Gabinete-, Martin Lousteau, embajador en Estados Unidos, Pablo Curat, en el directorio del Banco Central y José María Torello, asesor privilegiado de Mauricio Macri.
Todos ellos (los M) operaron con “dólar futuro” y obtuvieron ganancias importantes gracias a la mega devaluación decidida por el gobierno que ellos mismos integraban. Es más, en el caso de Quintana, fue uno de los que decidió EL VALOR DEL DÓLAR QUE IBA A PAGAR EL BCRA, cuyo pago fue autorizado… por el propio Bonadío en dos oportunidades. “No se puede reprochar penalmente la conducta de los compradores (de dólar futuro) frente a tan atractiva oferta” dice el propio Bonadío salvando a los funcionarios M. Y agrega que no importa si después esas mismas personas, ya como funcionarios, decidieron la devaluación. Ya se sabe, no es lo mismo ser un “K” que ser un “M”….
“Hoy Bonadío en un nuevo capítulo de lo que ya constituye una clara e inocultable maniobra dirigida, desde lo más alto de los Poderes del Estado contra mi persona, la de mi marido fallecido y la de nuestros dos hijos (al mejor estilo de la dictadura) ORDENA INTERVENIR la sucesión de Néstor Kirchner (la que se encuentra finalizada) y la sociedad familiar Los Sauces SA, designando interventores y administradores en abierta violación a las más elementales normas del Derecho y sentido común.
Lo dicho al principio: creía que las Actas de Responsabilidad Institucional y la CONAREPA de la Dictadura cívico-militar eran una triste pieza de museo. Sin embargo, el pasado una vez más nos alcanza. Lo que alguien identifico como categoría política: “La repetición argentina”. O como tropezar dos veces con la misma piedra”, finaliza la ex presidenta.
En 1955, la dictadura militar decidió robar el cadáver de Eva Perón de la CGT y hacerlo desaparecer por 15 años. Luego prohibieron nombrar a Perón y todos los símbolos y proscribir al peronismo por casi dos décadas, creyendo que lograrían que el pueblo lo olvidara.
Ayer, el presidente Macri culpó al gobierno anterior por armar “un cóctel explosivo y siniestro” que permitió a los argentinos comprar un aire acondicionado. Le faltó decir que además eran pobres.
Hace pocos días, el oficialismo en Jujuy planteó hacer una consulta popular para decidir si Milagro Sala debe quedar presa o ser liberada. Sólo falta que Bonadío decida que el cadáver de Néstor Kirchner tiene que desaparecer del mausoleo en Río Gallegos.