Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, unos 25.000 locales comerciales de todo el país debieron bajar sus persianas, y más de 6.000 pequeñas y medianas empresas siguieron el mismo camino. No obstante, las pymes que lograron subsistir a la fuerte embestida recesiva de Cambiemos experimentaron a lo largo de 2016 una caída de su producción que va del 5 al 8%. Son datos más que preocupantes si se tiene en cuenta que este sector concentra el 80% del empleo privado y aporta el 40% del Producto Bruto Interno (PBI).
Las cifras fueron brindadas a Contexto por la Asociación Pyme y la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina (Fedecámaras), entidades que alertan sobre un panorama “muchísimo peor” para este año si el Gobierno nacional insiste con las mismas políticas económicas neoliberales aplicadas hasta el momento.
“Lo que hizo este Gobierno de manera prioritaria fue destruir el mercado interno”, lo que representa “una clara política en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas”, dijo el presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira.
La situación se ve agravada por los nuevos tarifazos eléctricos anunciados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, la escalada inflacionaria y la apertura indiscriminada de las importaciones.
“A esta altura ya no tenemos que decir lo que podría pasar… el pueblo argentino está sufriendo las consecuencias de un año y casi dos meses de esta gestión”, lamentó Moreira, y precisó que las pymes “más afectadas” son las “textiles, marroquineras y metalmecánicas”.
En esos rubros, el impacto de las importaciones es como un tiro de gracia: “Lo que aumentó en este último tiempo es la importación de productos terminados. Antes, lo que había era importación de materia prima para elaborar, y eso significaba trabajo. Hoy están viniendo de afuera productos manufacturados, en detrimento de la industria nacional”, explicó el titular de la asociación.
Al referirse al cierre de comercios a lo largo y ancho del país, el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, sostuvo que se habla de “unos 6 mil locales en un año, pero los que no aparecen todavía en las estadísticas oficiales ascienden a 25.000”.
La situación del sector no tiende a mejorar, ya que a esos locales “habrá que sumarles los que vayan a cerrar por la modificación por decreto de los feriados y la aplicación de los últimos tarifazos”, añadió a Contexto.
Otro golpe importante para los comercios minoristas es el sistema de “Precios Transparentes” que acaba de implementar el Gobierno, con el cual dejan de existir de hecho los programas de cuotas sin interés “Ahora 12” y “Ahora 18”. Ahora los consumidores deberán pagar un costo financiero de entre el 27 y el 30%, respectivamente.
“Las autoridades nacionales deberían revertir la decisión de terminar con el Ahora 12 y el Ahora 18, porque perjudica tanto al consumidor como al pequeño comerciante”, afirmó Manusovich, y evaluó que esto llevará a “una muy importante caída del consumo y de las ventas”.
Observamos que el consumo de alimentos y bebidas, que son productos indispensables de la canasta básica, puede tener una caída del 15 o del 20%, mientras que para el resto sería de un 50%, en términos generales. Con las nuevas medidas del Gobierno y el escaso poder adquisitivo, el consumidor promedio no podrá llegar a comprar productos al contado y menos aún en cuotas, por los altos costos financieros”, remarcó.
Fedecámaras ya solicitó reuniones con varios funcionarios del Gobierno, particularmente con los de la Secretaría de Comercio, encabezada por Miguel Braun, para plantear todas estas inquietudes y exigir que se controle a “los sectores dominantes del mercado”, que “después de la devaluación han aumentado los precios de manera especulativa”.
Desde la Asociación Pyme, en tanto, denuncian que la Casa Rosada no los escucha y que el discurso que emiten es siempre el mismo: el de la “reconversión productiva”.
“Con el mercado interno destruido por este modelo económico de transferencia de los sectores de menores recursos hacia los de mayores recursos, es imposible pasar de producir bulones a pirulines. No se puede vender ni una cosa ni la otra”, dijo Moreira, y adelantó que están coordinando con gremios y trabajadores de la economía social “con la idea de proponer una ley que proteja el trabajo argentino y la industria nacional”.