El Grupo Macri fue a la Cámara Nacional de Apelaciones para presentar un escrito de 10 carillas donde cuestionó duramente a la fiscal general Gabriela Boquín por su dictamen en contra de la Empresa y acusó al Estado de confiscarle el Correo Argentino en el año 2003.
El Grupo Macri, que está integrado por el propio presidente Mauricio Macri y sus hermanos, fue a la Justicia para defender la propuesta de la empresa y señaló que el dictamen de la fiscal es “llamativo y espurio manejo de las cifras”. Asegura que la compañía “sobrecumplió sus obligaciones de inversión”, refiere un desembolso de 400 millones de dólares en ese concepto, y lo contrasta con el accionar del Estado nacional, que “jamás cumplió con las prerrogativas otorgadas” y “quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio”.
En esa línea, afirma que la cesación de pagos “no fue por razones imputables a la empresa”, sino que “el único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo”.
En la presentación que la hizo pública el diario Clarín, el Grupo asegura que sufrió “embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración” y recuerda que, “cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino S.A.” en función del presunto incumplimiento del Estado, “decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos” de la empresa, “sin pagar un solo centavo”.
“Fue una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino”, remarca el escrito. Y señala que “fue la peor estatización realizada por el Estado nacional (ya que) despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas”.
En ese sentido, la empresa de los Macri resalta que la administración anterior ejerció una particular persecución sobre la compañía ya que adoptó “otros procedimientos, por ejemplo con YPF, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas”.
“La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa”, apuntaron.
En cuanto al monto, Correo Argentino S.A. acusa a la fiscal de una maniobra de dilación “inventando valores exorbitantes” y señala que “parece un capítulo más de un relato perverso, cuyo único objetivo es asfixiar” a la empresa. “El Estado verificó la suma de $296.205.376,49 de deuda a septiembre de 2002. La oferta de pago alcanza un valor total de aproximadamente 600 millones de pesos. No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado ni a 4 mil millones, ni a 70 mil millones”, argumenta. Y concluye que la fiscal Boquín “realiza mal el cálculo, de manera tendenciosa, para arribar a forzadas conclusiones”. ” Los adjetivos contra la estimación de Boquín se repitieron: Indica que hubo una “arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de cifras”.
Al mismo tiempo, el Correo Argentino S.A redobla la apuesta y promete que “cuando el Estado pague o reconozca la compensación por la totalidad de los bienes que se apoderó en el momento que operara el quite de la concesión, le pagará al Estado el 100%” de la deuda. La demanda que presentó el Grupo poco después del polémico acuerdo, es por unos 2.000 millones de pesos.
En el día de hoy, el bloque de Cambiemos voto en contra del pedido de la oposición de interpelar a Macri, Peña y Aguad en la Camara de Diputados. El intento de interpelar contó con 113 votos a favor y 79 en contra. Como estaba fuera del temario, eran necesarias las tres cuartas partes de los presentes para aprobarlo.