El gobernador Gerardo Morales en una nueva escalada tendiente a la destrucción física y psicológica de la dirigente social Milagro Sala, amenaza con internarla por la fuerza en una institución psiquiátrica y doparla con psicofármacos, las técnicas usadas por regímenes como el nazismo y el estalinismo.
Paralelamente hoy, en una audiencia en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la detención de Milagro Sala. En la reunión se escucharán los argumentos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, entre otros donde se analizará la grave situación en la provincia de Jujuy, con la detención de líderes bajo un régimen de criminalización de la protesta.
Sobre la intención de internar a Sala en un psiquiátrico fue adelantada hoy por el periodista Horacio Verbistky en Página 12, al contar que la dirigente de la Tupac fue citada a indagatoria en tres nuevas causas por presunta inducción a cometer el delito de amenazas por los titulares del juzgado de control Nº 3, Gastón Mercau, el ex socio y yerno de operadora de Morales en el Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone y del juzgado de control Nº 2, Jorge Zurueta. En ningún caso hay testimonios directos que la involucren, siempre dichos de terceros que invocan su nombre, creando la original figura de instigación a personas desconocidas.
El traslado de Milagro desde la cárcel hasta los tribunales para notificarla de las causas fue otra puesta en escena de noticiero sobre narcos mexicanos: una caravana de 30 vehículos, con 55 policías uniformados y de civil y 20 miembros de las fuerzas especiales, con armas de guerra y pasamontañas que les cubren el rostro. Es el tipo de prueba prefabricada sobre la peligrosidad de Milagro que el Estudio Ricardo Gil Lavedra, el fiscal de Estado Mariano Miranda y Titina Falcone (todos dirigentes de la UCR) están preparando para presentar a la CIDH, si es que acepta recibirlos cuando visite la Argentina.
Las tres causas tienen la misma carátula: “Inducción a cometer el delito de amenazas”, que habrían ocurrido entre septiembre y enero, cuando Milagro ya estaba detenida. Los autores: “Dos personas masculinas con identidad a establecer”, dice una de las causas en el juzgado del Gran Yerno. Esta acumulación de causas en su contra, con la mortificación de cada traslado y del respectivo acto procesal cumple con la pauta que el contador Morales me anticipó en la entrevista que le realicé el año pasado, cuando me dijo que tenía preparadas 60 denuncias para impedir que en algún momento Milagro recuperara su libertad.
Morales, antes que liberarla, utilizara un informe pericial fabricado que afirmará que hay riesgo concreto e inminente para ella o terceros. Aunque la ley explicita qué riesgo según los estándares de la convención el único riesgo posible es el de vida. Pero esto no equivale a decir que cualquier manifestación sobre riesgo de vida deba derivar en una internación.
El criterio de internación debe disponerlo una junta interdisciplinaria. Esa evaluación de internación interdisciplinaria requiere un trámite ante la justicia civil. El juez considera el dictamen pericial y controla la legalidad del procedimiento. Debe llamar a una junta interdisciplinaria que determina que hay riesgo de vida para ella o para tercero. El abogado defensor de la persona sometida a evaluación participa en ese trámite cuya legalidad debe ser controlada por el juez. El abogado puede cuestionar o discutir el criterio de internación involuntaria ante la justicia. En este caso es ostensible que el padecimiento mental está asociado en forma directa a las condiciones de privación de libertad y el hostigamiento permanente al que es sometida por disposición del contador Morales. Se trata de una discapacidad adquirida por los abusos estatales.
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