La ley de paridad de género que fue aprobada el año pasado por la Legislatura bonaerense debutará en las elecciones primarias de agosto y por esto los partidos están obligados a presentar listas conformadas en igual número por mujeres y hombres. Pero hay muchas dudas sobre su aplicación y ya advierten que,tras las internas de agosto, podría dispararse una lluvia de presentaciones judiciales por inconstitucionalidad.
La ley 14.848, que fue aprobada en octubre de 2016 en medio de una pelea de cartel entre el massismo y Cambiemos, establece que las listas de diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares deberán estar integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres alternados en uno y uno. Además, dispone que en caso de quedar vacante una banca, deberá ser reemplazada por un legislador del mismo género. Significa un cambio sobre la ley de cupo que establecía un 30% de mujeres en las listas, sin establecer el lugar que debían ocupar.
Al momento de la votación, el año pasado, varios legisladores advirtieron que la ley es “inaplicable” y que generará problemas al momento de fusión de listas tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que fueron convocadas para el 13 de agosto. Pero más allá del breve trabajo en comisión que tuvo la ley y de las diferencias de opinión que generó hacia adentro del propio oficialismo, la ley terminó siendo votada por mayoría.
Este año, la paridad sufrirá su prueba de fuego. Tras los comicios, las listas que compitan dentro de un mismo frente electoral deberán fusionarse para conformar la lista general que irá a las elecciones del 22 de octubre. Y ahí es donde aparecerán las complicaciones ya que, como la ley de paridad fija que deben integrarse por un hombre y una mujer de manera alternada, será casi imposible que se respete el orden inicial que tenían los candidatos en las listas a fusionarse -el orden que votó el electorado-, lo que dará lugar a impugnaciones y presentaciones judiciales de los partidos.
“Los problemas aparecerán después de las PASO. La ley se va a judicializar y es probable que termine siendo declarada inconstitucional”, advierte Jorge Landau, apoderado del PJ bonaerense. La justicia tendrá por eso un rol clave al sentar jurisprudencia respecto de la aplicación de la flamante ley, como ya ocurrió hace años con la ley de cupo femenino que desató cientos de reclamos y dio lugar a una guerra de fallos hasta definir cómo debían constituirse las listas definitivas.
Uno de los pocos que votó en contra de la nueva ley fue el diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, quien aseguró que la normativa es “inconstitucional” y que terminará en la Justicia. Con argumentos similares, el diputado de Justicialismo Bonaerense, Mario Giacobbe, se abstuvo de votarla.
“No podemos tirarle un problema a la justicia porque esto, seguramente, va a terminar judicializado. Fue lo que pasó cuando se empezó a aplicar, en los primeros años, la ley de cupo del 30%, que es mucho más flexible que esto y, así y todo, hubo como 120 fallos judiciales tratando de aclarar cómo se iban a constituir las listas definitivas”, señaló Castello tras su voto negativo y consideró que con la nueva ley “se termina vulnerando y violando la voluntad popular”.
Giacobbe, por su parte, centró sus críticas en el artículo 3 que establece que, en caso de vacancia, la banca legislativa debe ser ocupada por alguien del mismo sexo también dará lugar al reclamo judicial. “No tiene en cuenta que el primer suplente fue electo por la voluntad popular. No tengo dudas de que habrá objeciones en la justicia. El artículo 3 es absolutamente inconstitucional. Es el ataque de lo políticamente correcto”, puntualizó.