Una fiscal pidió a la Justicia la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad.
La solicitud fue realizada por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, Ángeles Ramos, a raíz del pedido de excarcelación que el apropiador de menores Víctor Gallo hizo ayer pidiendo que se le aplique el 2×1.
La presentación fue ante el Tribunal Oral Federal 6, que corrió vista a la defensa para que opine, y ahora los jueces tienen cinco días para resolver si lo liberan o no.
El pedido de la fiscal fue en el caso concreto, al sostener que hay una afectación al principio de proporcionalidad de las penas sobre Gallo, pero deja sentado la postura del Ministerio Público Fiscal: que insistirá con la no excarcelación de los represores con condenas más allá que éstos se valgan del 2×1 que otorgó la Corte.
“La conmoción causada en la sociedad, radica en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática. Y que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes”, remarcó la fiscal.
“El argumento de la defensa es demostrativo del gravamen de esta parte y es marca que la causa de inconstitucionalidad es actual y se proyecta hacia el futuro porque impide que la pena se cumpla en su integridad, desnaturalizando en fin y sentido que ha tenido su imposición en la condena aplicada a Gallo, donde además, se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino”, añadió.
Gallo fue condenado por la apropiación de Francisco Madariaga durante la última dictadura militar y recibió 25 años de prisión (comprensiva de una pena anterior).
En tanto, Abuelas de Plaza de Mayo pidió al Tribunal 6 que en caso que decidan excarcelar a Gallo, lo incluyan al joven Madariaga en el sistema de protección de testigos ante la peligrosidad que implica que aquel esté en libertad. Además, pidió que antes de tomar una decisión, Abuelas de Plaza de Mayo pueda opinar sobre la eventual excarcelación.
El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el “2×1” para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.
Con dos movilizaciones, organismos de Derechos Humanos repudiarán el 2×1 de la Corte