Una creciente preocupación avanza en el gobierno bonaerense, a partir de la luz amarilla que encendió en los últimos días el Servicio Penitenciario Bonaerense, al ordenar que se redoble la seguridad en todas y cada una de las cárceles de la provincia.
Todos los indicios del por qué surgió esa inquietud, apuntan a lo que ocurrió en la noche del jueves pasado, cuando dos autos fueron incendiados frente al ministerio de Seguridad, en La Plata.
Hay que recordar que Cristian Ritondo, al frente de esa cartera, había aludido a la gestión de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y su “lucha contra las mafias” como uno de las posibles razones del ataque, destacando que esa es una de las principales líneas de investigación.
De todas maneras, en el seno del Servicio Penitenciario, intervenido desde hace casi un año, se suman otras cuestiones, como el desplazamiento de más de 60 jefes y alrededor de 800 agentes, además de la reestructuración en lo referido al reparto de horas extras y viáticos para el personal carcelario.
Más allá de las desmentidas oficiales, se sabe que la situación viene generando un creciente malestar entre los penitenciarios separados de sus cargos. De ahí el alerta lanzado por el Director General de Seguridad, Gustavo García, y el Director General de Coordinación, Horacio Falcones.
En la resolución, se dispone que “se deberán arbitrar todas las medidas necesarias tendientes a incrementar la seguridad en cada establecimiento carcelario, implementando recargos de personal acordes a las características propias y necesidades particulares de las Unidades y / o Alcaidías, cubriendo todos los sectores considerados vulnerables”.
Lo que por estas horas se preguntan en los despachos de la Gobernación, es por dónde se podría canalizar ese malestar creciente, y la posibilidad siempre latente de que puedan registrarse motines o situaciones irregulares en un sistema carcelario que está sentado sobre un polvorín siempre a punto de estallar.