La Cámara Federal revocó ayer el embargo preventivo por 8 millones de pesos que pesaba sobre el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que había dispuesto la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por presunto delito de lavado de dinero.
La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que involucra al intendente y su esposa, Florencia de Nardi.
La maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. En ese marco se dictó el embargo que la Cámara Federal de San Martín revocó por considerar que “no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite”.
El embargo preventivo había sido solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que actúa en la causa. Notificados de la decisión, los abogados de la familia apelaron la medida y además presentaron ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución, de manera de ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo de sus bienes mientras espera que la causa finalice.
El caso de Quintana
Otro que zafó fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fue sobreseído por el juez federal Sebastián Ramos en una causa en la que había sido denunciado por favorecer presuntamente a un estudio de abogados relacionado con uno de sus hermanos que vive en Nueva York. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión del magistrado.
La denuncia había sido presentada por la dirigente y diputada nacional electa de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y apuntaba al delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Sin llamarlo a indagatoria, el juez Ramos determinó que no existía tal delito dispuso su sobreseimiento. No obstante, la fiscal federal Paloma Ochoa presentó una apelación, que deberá dirimirse en la Cámara Federal.
Según la denuncia de Cerruti, el estudio con sede en Nueva York del que participó un hermano de Quintana intervino en seis de las 17 colocaciones de deuda desde que asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación, y en cada ocasión percibió comisiones por cada colocación.