La Legislatura bonaerense buscará tratar sobre tablas el próximo martes el presupuesto 2018, la ley impositiva y el “pacto fiscal” con los municipios enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal. El oficialismo asegura contar con los votos para aprobar este paquete de leyes clave en simultáneo en Diputados y en el Senado. Como en años anteriores, el endeudamiento -que requiere de los dos tercios- sería aprobado por el massismo, el GEN y la mayoría del peronismo, con excepción de parte de La Cámpora.
La sesión en la Cámara baja está convocada para las 15. Cambiemos propondrá el tratamiento sobre tablas de los tres proyectos y también de la iniciativa que recorta el presupuesto de la Legislatura en 2500 millones de pesos y que significará un achique en asesores, contratos, becas y también el congelamiento de la planta permanente de ambas cámaras. De conseguir luz verde, Vidal cumplirá con el objetivo que se había autoimpuesto de aprobar todo antes del recambio legislativo y sortear así la eventual resistencia de los nuevos legisladores de Unidad Ciudadana que asumirán el 10 de diciembre.
La propia Vidal renovó su acuerdo con Sergio Massa, líder del Frente Renovador, durante una reunión que mantuvieron la semana pasada y se garantizó los votos de sus legisladores en ambas cámaras. Además el oficialismo también avanzó en acuerdos con el bloque de los 13 del FpV-PJ que está liderado por Walter Abarca y donde confluyen legisladores que responden a intendentes del Conurbano; también con los 6 del bloque Peronismo para la Victoria en que confluyen los legisladores del Movimiento Evita. Además sostienen que el bloque del FpV volverá a votar dividido y que, como ocurrió el año pasado, al menos 5 de los 17 diputados kirchneristas también votarán a favor de los proyectos oficialistas.
Los legisladores del kirchnerismo y un sector de los intendentes encabezado por Verónica Magario (La Matanza) habían cuestionado el presupuesto de Vidal. En concreto, apuntaron contra el nuevo pedido de endeudamiento que supera los 85 mil millones de pesos -sobre un gasto total de 629 mil millones- y el recorte de fondos que significará la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y la nueva cláusula sobre el Fondo Educativo Nacional que ahora el gobierno quiere que sea destinado en un 85% a infraestructura escolar, una condición resistida por los intendentes. Desde Cambiemos descartaron la vuelta del FIM pero admitieron retoques en el artículo del Fondo Educativo: habría un porcentaje más bajo para comunas del interior y otro más alto para las del Conurbano.
Otro punto muy criticado por los intendentes opositores, y también en voz baja por los de Cambiemos, es el nuevo régimen de responsabilidad fiscal de los municipios por el que se establece que los intendentes deberán achicar gastos corrientes, deuda y personal municipal si quieren seguir recibiendo asistencia financiera y ser autorizados a endeudarse por la Provincia. La firma del “pacto fiscal” es optativa pero está claro que aquellos que no lo hagan serán castigados. De ahí que los jefes comunales adviertan que el proyecto implica “un avance sobre la autonomía municipal”.
La ley impositiva, en tanto, prevé una suba promedio del 56% para las partidas del Inmobiliario Urbano y del 50% para el Inmobiliario Rural. El incremento ya generó el rechazo de todas las asociaciones de consumidores y también de las entidades del campo que aseguran que la suba es “desmesurada” y “no tiene relación con la inflación” pero que, además en este último caso, la medida no fue comunicada en la mesa de diálogo con el gobierno provincial. No obstante, no están previstos cambios en la letra del proyecto.