Finalmente, el Gobierno resolvió postergar para después de febrero el debate en torno a la reforma laboral. ¿Las razones?: falta de consenso en el sindicalismo y en los bloques opositores.
En la Casa Rosada están convencidos de que “no hay ánimos” para forzar la aprobación de la propuesta legislativa. Si bien todavía está en el listado de temas que el presidente Mauricio Macri evalúa poner en el decreto con el que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, lo cierto es que el proyecto quedará para después de marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias.
Hasta diciembre, la idea del Gobierno era impulsar el proyecto cuanto antes, en línea con el paquete de reformas tributaria, fiscal y previsional sancionado a fin del 2017. Las trabas de la oposición y el costo político por los incidentes registrados en los alrededores del Congreso en torno a la Reforma Previsional, también obligaron a posponerla.
La postergación del debate por los cambios en el mercado laboral se da en medio de un momento de idas y vueltas entre el Gobierno y un sector del sindicalismo y de pujas internas en torno a la conducción de la CGT, una clara señal de que los tiempos políticos cambiaron después de aquellos incidentes.
“Debería haber un nivel de consenso explícito de los sindicatos mayor al que tenemos. Eso no está y sería una condición necesaria pero tampoco suficiente para aprobar la ley”, reconocen en los despachos oficiales.
La sanción de la reforma previsional tuvo un altísimo costo interno, pero también en la relación con los bloques parlamentarios más cercanos a las necesidades del Gobierno. La única forma de “salvar” la reforma laboral es si la CGT, que participó en la redacción final del proyecto que está en el Parlamento y luego se despegó, lleva adelante una defensa de la propuesta que impulsa el oficialismo.
Y otro de los argumentos para enfriar la norma, que incluye la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan sólo uno de plazo) y la exclusión de las horas extras en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido, era evitar forzar todavía más el vínculo con los gobernadores, sobre todo con los dialoguistas que “dieron una mano” para alcanzar la nueva ley previsional.
“Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales”, reconocieron fuentes oficiales. Mientras tanto, en el Gobierno confían en que los nuevos plazos para la negociación ayudarán a generar un mejor marco, y que se colaborará con el proceso de unificación que lleva adelante la CGT.