La adhesión al pacto fiscal que impulsa María Eugenia Vidal duró poco en Mar del Plata. El intendente local Carlos Arroyo dio marcha atrás con el decreto que establecía la adhesión, que exige la Provincia a los municipios bonaerenses, y la medida será debatida en el cuerpo legislativo para convertirse en ordenanza.
El martes pasado, en una sesión extraordinaria el presidente del Concejo Deliberante de Mar del Plata, Guillermo Sáenz Saralegui, había firmado 29 decretos, entre los que se encontraba la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El hijo del intendente y jefe de bancada de la Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, admitió entonces que el decreto se dictó “para recibir asistencia financiera”.
“Quiero pedir disculpas en algunos casos, porque la necesidad nos ha llevado a solicitarle un decreto para recibir asistencia financiera”, admitió el joven Arroyo, quien luego se justificó: “Era necesario, tenemos que hacer frente a compromisos. Como gobernante hay que hacer. Los trabajadores no tienen por qué pagar”.
La medida unilateral y por decreto desató la furia de la oposición y por eso, para poner paños fríos, la concejal de Cambiemos, Vilma Baragiola, impulsó ayer una moción para debatir el Pacto Fiscal en un proyecto de ordenanza en comisiones. La propuesta de la radical en Cambiemos terminó imponiéndose en la sesión extraordinaria de ayer en “La Feliz”, que concluyó con la anulación del polémico decreto.