Profundizar los vínculos con los “dialoguistas”, y aislar a los “rebeldes”. Esa es la consigna del Gobierno para terminar de darle forma al ahora fragmentado proyecto de reforma laboral, con el objetivo de que se convierta en ley a más tardar en abril.
Mientras el cuestionado ministro de Trabajo Jorge Triaca está aislado en su country de Chapadmalal, la orden de Mauricio Macri antes de subir al avión que lo trasladó a Moscú, fue ir “a fondo” en la pelea contra el sindicalismo. Aunque no contra todo el sindicalismo…
En ese sentido, y de acuerdo a la mirada de la Casa Rosada, la idea es diferenciar “a los que hacen las cosas bien y los que las hacen mal”, y al mismo tiempo enviar un mensaje directo a la CGT y los gremialistas que se reunieron en Mar del Plata la semana pasada para denunciar una “campaña” en su contra dirigida desde la Casa Rosada.
En esa dirección, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , monitorean la nueva instancia de diálogo con los gremios, y fueron quienes dieron el visto bueno para explorar un acercamiento con el sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y con los autodenominados “independientes”, entre los que están los estatales Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, y Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra.
En otras palabras, el Gobierno privilegiará las negociaciones con esos sectores, para avanzar con el proyecto laboral fragmentado y el porcentaje de referencia para las paritarias, teniendo en cuenta que por partes, es la única posibilidad que el proyecto podría tener para convertirse en ley.
Por esa misma razón, con el objetivo de aprobar el blanqueo laboral, en una primera etapa de debate el Ejecutivo está dispuesto a resignar puntos clave que, si bien habían sido convalidados por los jefes de la CGT en noviembre, despertaban fuertes cuestionamientos en un sector de los gremios y dividían a la oposición.
Son tres los puntos que una mayoría de gremios de la CGT aceptaría. El primero es el relativo al blanqueo laboral, que prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.
Otro es la creación de una Agencia nacional de evaluación de tecnología de salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales.
Y la tercera cuestión que sumaría más aprobaciones que rechazos es el de las formaciones profesionales. Los gremios exigirán que se den amparadas por el convenio colectivo de la actividad y que no se extiendan más allá de un año. “No queremos un show de pasantías”, planteó con firmeza un dirigente sindical.