Los gremios que integran el Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, provenientes de las dos CTA, la CGT y la Corriente Federal junto a legisladores de Unidad Ciudadana y el Foro de Abogados Laboralistas, presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires un pedido de inconstitucionalidad de la adhesión a la nueva ley de riesgos del trabajo aprobada en diciembre por la Legislatura bonaerense por considerar que “afecta gravemente los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos por causas vinculadas al trabajo”.
Luego de estar trabada durante siete meses, la adhesión a la Ley Nacional 27.348 fue aprobada en diciembre en el parlamento bonaerense tras el recambio legislativo que le dio mayoría propia al oficialismo en el Senado bonaerense. Esa norma había sido pedida en varias oportunidades por la gobernadora María Eugenia Vidal y por el propio presidente Mauricio Macri para, según argumentaron, “terminar con la industria de los juicios” que incrementa los costos laborales de los empleadores.
Las modificaciones que trae la ley macrista implican que los trabajadores afectados por lesiones o enfermedades del trabajo tengan que acudir de manera obligatoria y en una primera instancia a comisiones médicas de profesionales contratados por las propias aseguradoras, que defienden los intereses de sus empleadores. Así, el acceso a la justicia para los trabajadores se reduce. Los 69 tribunales de trabajo que funcionaban en la provincia fueron reemplazados por quince comisiones médicas que tramitan los reclamos.
Para los gremios, la ley es una vuelta al sistema de riesgos de trabajo que instaló el menemismo en los noventa, descuidando la prevención, con reparaciones miserables y violación de derechos y garantías, lo que provocó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declarase inconstitucional en reiteradas ocasiones desde 2004.