El ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró que “para el Gobierno, Alfredo Astiz es un preso más”. De esta manera, fijó la postura de la administración macrista sobre una de las figuras más emblemáticas del horror durante la última dictadura, y condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en esa etapa.
“Nosotros entendemos que todos están detenidos, cumpliendo sus penas, y es el juez el que debe disponer cualquier cuestión en relación a las personas detenidas”, sostuvo el funcionario durante una entrevista con radio Mitre.
A pesar de intentar despegarse de un eventual interés por parte del Gobierno por incluir al genocida en un listado para ser beneficiado con prisión domiciliaria por cuestiones de salud, Garavano elogió los dichos de Graciela Fernández Mejide, quien defendió esa posibilidad.
Al respecto, dijo que “tal como ella lo señaló muy acertadamente, aún la peor persona o aquella persona que cometió los peores crímenes, tiene un estado de derecho, y casualmente, el estado de derecho es para aquellas personas que por más que hayan hecho cosas aberrantes tengan los mismos derechos que el resto de las personas”.
En tanto, en los últimos días fueron tan contundentes el repudio social y político y el enojo de los organismos de derechos humanos, que distintos funcionarios salieron a dejar de lado al Gobierno del informe que allana el camino para aliviar el régimen de detención de un centenar de represores.