La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación que le dio luz verde a Farmacity para que pueda desembarcar en la provincia de Buenos Aires.
“Estamos en contra de este pronunciamiento que sólo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses”, expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
El pedido del organismo al máximo tribunal nacional se basa en que la disposición del procurador interino, Eduardo Casal, quien considera inconstitucional la ley que frena el ingreso de la empresa en territorio provincial, no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública, indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social.
En ese sentido, Lorenzino indicó que “sucede lo que venimos denunciando desde hace tiempo: se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin dudas obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse en la Provincia”.
“Exigimos responsabilidad empresarial y que se respete la ley provincial de farmacias”, agregó el Defensor del Pueblo, quien aclaró que volvió a pedir a la Corte que incorpore al organismo en el expediente con el fin de colaborar con la causa.