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La Plata
22 noviembre, 2024
PAÍS

La Cámara Federal ordenó la indagatoria de Cristina por la causa de la ruta del dinero K

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la indagatoria de la ex presidenta Cristina de Kirchner en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero k” por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dispuso que se cite a indagatoria a la ex presidenta, quien nunca fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello por considerar que faltaban pruebas.

Por mayoría constituida por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera (UIF) y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex jefa de Estado a efectos que les sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas.

En su voto, Irurzun advirtió que: “De manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”.

Para Irurzun, de acuerdo a las pruebas recogidas, “a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades una porción de ese dinero atravesó el camino inverso desde las cuentas de Austral Construcciones S.A. en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Y añadió que “esa modalidad de traspaso no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes”.

Mariano Llorens coincidió con Irurzun al asegurar que están dadas las condiciones de sospecha suficientes para indagar a Cristina Kirchner. Dijo en su voto que al llamarla a declarar como imputada “no solo se verán beneficiados los acusadores, sino también la defensa, en tanto se le habilitarán todos los recursos que, como parte, le corresponden para ejercer su derecho en igualad de armas”.

El juez Leopoldo Bruglia votó en disidencia por entender que la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.

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