Como se viene realizando desde el 2010, en el marco del trabajo interinstitucional de monitoreo e inspección, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA publicaron el informe anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos. Durante el 2017, en sólo 71 lugares de encierro, se relevaron 1.408 víctimas que denunciaron más de 5.300 violaciones a los derechos humanos. Las cifras son alarmantes: el sistema de encierro atraviesa una crisis humanitaria que no para de profundizarse. Todo esto ocurre ante la inacción, pasividad o complicidad de los tres poderes del Estado.
En su última visita, en abril de 2018, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas destacó el diseño y puesta en marcha del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT) e instó al Estado nacional a reconocer la tipificación de la tortura en su multidimensionalidad tal como está estipulada en este informe. Desde su implementación en 2010, se reconocieron 11 tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.
La publicación del informe 2017 del RNCT se da, como se explica en su introducción, en un contexto de crecimiento sostenido de la población encarcelada como resultado de la “expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años, ambos servicios penitenciarios –el Federal-Nacional y el Bonaerense–, registraron un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente en el último año”.
El correlato directo del aumento de la tasa de prisionización es el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención y, por lo tanto, la profundización de las violaciones a los derechos humanos. En el trabajo de campo realizado en 2017, sólo en 71 lugares de encierro, se relevaron 1.408 víctimas que denunciaron 5.328 hechos de torturas y/o malos tratos. La mayoría de las víctimas, más del 70%, tienen menos de 35 años. Jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad, esa la marca selectiva del sistema penal.
En las cárceles federales, 819 personas fueron víctimas de 2.510 torturas: las agresiones físicas fueron el hecho más denunciado, que se combina con amenazas, aislamiento, malas condiciones materiales de detención y falta o deficiente asistencia de la salud, entre los principales casos descriptos.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, en total se registraron 2.818 hechos de torturas sufridos por 589 víctimas. La principal denuncia es la falta o deficiente asistencia de la salud: 530 de las 589 dijeron padecer este problema. En promedio, las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de su salud 14 meses. La crisis sanitaria en las cárceles bonaerenses no es nueva y se agrava año tras año: en su informe anual, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la mayoría de las muertes en el encierro son por desatención de la salud, es decir, muertes evitables. Asimismo, el organismo viene reclamando desde el 2016 que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud provincial. Pese al estado crítico, la Provincia sigue negando este pedido de la CPM.
Además de la falta o deficiente asistencia a la salud, aislamiento, malas condiciones materiales de detención, falta o deficiente alimentación, impedimentos de vinculación familiar y social, agresiones físicas y requisa personal vejatoria son los restantes tipos de tortura más denunciados. A esto se suman los traslados constantes y gravosos, el robo y/o daño de pertenencias y las amenazas.
Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El carácter multidimensional, generalizado y sistemático de estas prácticas evidencia la tortura como elemento constitutivo del encierro penal.
Desde el 2015, el informe también tiene un registro de malos tratos y/o torturas policiales, que releva estos hechos durante la aprehensión, traslado y alojamiento en comisarías y otras dependencias de las fuerzas de seguridad. Durante el 2017, se registraron 971 casos de malos tratos y/o torturas sufridos por 218 víctimas; más de la mitad, 540 hechos y 115 víctimas corresponde sólo a la provincia de Buenos Aires. Las agresiones físicas y las malas condiciones materiales de detención son los principales hechos denunciados.
Así como el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, el RNCT es una herramienta de producción pública de información para la denuncia de una de las realidades más acuciantes de la democracia: las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Los discursos oficiales que alientan el punitivismo y la mano dura y la impunidad judicial con que cuentan estos delitos han naturalizado el problema y permiten que la tortura siga extendiéndose como una práctica sistemática y generalizada en todo el territorio nacional.
Esto que denunciamos ha sido reconocido también por los organismos internacionales. En las conclusiones del Informe preliminar del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer señaló que “la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Y agregó: “Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”.