La Cámara Federal porteña votó a favor de que la causa de aportantes truchos que llevaba adelante el juez federal penal Sebastián Casanello pase a manos del juez federal que subroga la competencia electoral en La Plata, Adolfo Ziulu, tal como habían pedido los apoderados del PRO. Se trata de una clara maniobra para favorecer a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien a su vez es titular del partido a nivel provincial, y salvarla de la investigación de delitos penales como lavado de dinero y asociación ilícita.
La decisión se conoció hoy y fue tomada con el voto clave del juez Martín Irurzun. La Cámara resolvió así que las actuaciones pasen a Ziulu por considerar que “no existen delitos federales” y que todo debe dirimirse en el fuero electoral como una infracción a la ley de financiamiento de partidos políticos.
Casanello comenzó a investigar en julio, tras la denuncia presentada por la ONG La Alameda sobre la existencia de cientos de beneficiarios de programas sociales que figuraban como aportantes al PRO pese a no estar afiliados ni haber puesto un peso. En este sentido, el magistrado investigaba los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica.
En paralelo, en La Plata, el titular del juzgado federal Criminal y Correccional N° 3, Ernesto Kreplak, también investiga la comisión de esos mismos delitos a partir de una denuncia realizada por la senadora de UC, Teresa García. Aceptó como querellantes a vecinos de Villa Itatí, en Quilmes, y a docentes del SUTEBA que también figuraban en los listados de aportantes a la campaña 2017 pese a no estar relacionados con el partido ni tener las posibilidades económicas de hacerlo. Entre las últimas medidas que tomó, Kreplak citó al periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, para que brinde información sobre la “plata negra” que el presidente Mauricio Macri pedía a los empresarios para su campaña, tal como asegura el periodista en su último libro.
Como Casanello, Kreplak también rechazó el pedido cursado por Ziulu para unificar las causas en su juzgado, una jugada solicitada por el gobierno para que todo se dirima en una infracción a la ley electoral, pero no es investiguen delitos penales. En este último caso, la que debe definir es la Cámara Federal de La Plata, quien aún no se expidió sobre la competencia de Kreplak.
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