El gobierno nacional, los poderes económicos y judicial con el apoyo de los grandes medios hegemónicos buscan convertir el país en una gran cárcel para que los argentinos aceptan este brutal ajuste económico. En las últimas horas, el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastian Scalera, pidió la detención del dirigente del sindicato de Camioneros Pablo Moyano por “asociación ilícita”.
El fiscal considera que Pablo “Bebote” Alvarez, Pablo Moyano, y un grupo que también incluiría a su padre Hugo y a Héctor “Yoyo” Maldonado, Secretario General del club y Pro tesorero de Camioneros, se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club Independente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y “protocolos” de acceso a los partidos del equipo, “por fuera del ámbito societario” y “sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes” a esas entradas.
En diálogo con C5N, Daniel Llermanos, el abogado de la familia Moyano, aseguró que hay presiones políticas, lo que motivó que el letrado “presentara una denuncia por presión hacia los magistrados, en este caso contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, con “numerosas y copiosas pruebas que acreditan que existe una voluntad política decidida a concretar” la detención del dirigente de Camioneros. Llermanos agregó: “El juez no se va a doblegar, rechazará el pedido. Es un hombre honesto y creo que preferiría renunciar antes que detener a un hombre sin pruebas” y finalizó: “A los jueces de Lomas de Zamora no los gobierna Elisa Carrió”.
La idea del gobierno nacional y en este caso junto al Procurador Julio Conte Grand, hombre de María Eugenia Vidal y del Opus Dei, es la detención de la familia Moyano cuando se han puesto a la cabeza de los reclamos de los trabajadores y en búsqueda de la unidad del peronismo junto a la ex presidenta Cristina