El presidente Mauricio Macri firmó y publicó el decreto que convierte en “reserva ambiental” a Campo de Mayo, el predio donde funcionó uno de los mayores campos de concentración de la última dictadura cívico militar.
Esta medida, que había sido anunciada en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, recibió todo tipo de críticas de los organismos de derechos humanos pero al Jefe de Estado poco le importó: evitó al Congreso y lo resolvió con un decreto que salió publicado en el Boletín Oficial.
Acompañado por los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y el de Medio Ambiente, Sergio Bergman, Macri realizó hoy un acto en ese predio, al que calificó como “una mancha verde, un área verde” donde ahora se podrá “tomar un mate, pasar un día en familia o hacer deportes”. En ningún momento se refirió a los campos de concentración que allí funcionaron y sólo habló al pasar de la “unidad” nacional. “Me propuse unir a los argentinos. Sé que en algunas cosas tenemos diferentes opiniones. En algunas están bien y en otras deberíamos dialogar más para llegar a acuerdos positivos. Pero en el tema de cuidar al medio ambiente siento que estamos todos”, dijo.
El predio ubicado entre los partidos de San Miguel, San Martín, Hurlingham y Tigre es uno de los íconos del terrorismo de Estado. Allí funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención, nacieron bebés en cautiverio que luego fueron apropiados, despegaron vuelos de la muerte y es la Unidad Penitenciaria 34 donde están alojados varios represores.
El decreto establece “un régimen especial de manejo y conservación” que “sin desmedro del ejercicio y práctica de las actividades vinculadas a proveer a la Defensa Nacional, la soberanía y los intereses vitales de la Nación, preserve los elementos de significativo valor para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural”.
En la norma se indicó que con la creación de esta reserva “no alterarán las condiciones de dominio del bien ni las actividades relacionadas con la Defensa Nacional”. Los objetivos serán “propender a minimizar el impacto ambiental de las actividades propias de la Defensa Nacional en el predio, sin afectar el desenvolvimiento de dicha actividad” y “servir de zona protectora de las áreas contiguas a ella, aislándolas de posibles causas de perturbación de origen humano”.
Según la norma, que también llevó las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Defensa, Oscar Aguada, se buscará “promover la adopción de estándares para la medición del desempeño ambiental de las actividades que allí se desarrollen” y “contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica en dicha área”.
También se apuntará a “resguardar muestras de su ecosistema” y “contribuir a la restauración de los ambientes naturales”, así como “proveer oportunidades para la investigación científica, siempre que estas investigaciones no afecten las actividades propias de la Defensa Nacional”. Según se indicó, se apuntará a brindar “oportunidades de visita, tomando los debidos recaudos que aseguren la menor perturbación posible del medio natural y la seguridad del eventual visitante”.