La Cámara Federal rechazó un pedido del juez federal Sebastián Casanello para quedarse con una parte de la investigación por los “aportantes truchos” de Cambiemos, y ordenó que las actuaciones continúen en la justicia electoral de la provincia, a cargo de Adolfo Ziulu, en una movida que favorece al gobierno.
La decisión fue tomada por el único integrante de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien ya había fallado en ese mismo sentido en octubre, y rechazó el pedido de Casanello para que la investigación sobre la falsificación de documentos públicos y el delito de lavado de dinero siga bajo su jurisdicción.
En octubre, el juez Irurzun había dispuesto que Casanello debía remitir toda su causa sobre supuestos aportantes falsos de Cambiemos a las campañas 2015 y 2017 a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires.
Casanello, antes de enviar la causa, entendió que había que realizar medidas para incorporar a la investigación. Pero el fiscal entendió que la decisión de Casanello debía ser revocada, toda vez que, a su criterio, los objetos procesales sobre los que giran dichas investigaciones se encuentran “tan íntimamente vinculados con el presente, que su indagación debe realizarse de manera conjunta e integral, evitando con ello el examen fragmentado de los hechos y el eventual dictado de resoluciones contradictorias en torno a un mismo tópico”.
Para el camarista Irurzun, hay “inconsistencias” y “contradicciones” de carácter técnico en la resolución de Casanello, por lo que anuló su decisión.
La causa se inició a raíz de la investigación de El Destape, que reveló la existencia de más de mil personas -la mayoría beneficiarios de la AUH y programas sociales de barrios carenciados del Conurbano- que figuraban entre los aportantes a la campaña electoral de 2017 de Cambiemos que aseguran no haber realizado ningún tipo de donación. La hipótesis de Casanello es que los falsos aportes fueron utilizados para blanquear la plata negra de la campaña macrista.
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