La Legislatura bonaerense estudia un proyecto de ley impulsado por el diputado del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, de “Boleta Limpia”, una iniciativaque busca establecer condiciones para la elección de los candidatos a ocupar cargos públicos provinciales y partidarios. Cualquier persona que esté condenada (en segunda instancia judicial) no podrá presentarse en ninguna lista hasta que no se resuelva su situación procesal.
El original del proyecto involucra una restricción temporaria del derecho a ser elegido con lo cual no sólo se respeta el principio de inocencia, sino que es uno de los tantos institutos cautelares que, de manera razonable, tiene lugar antes del dictado de la sentencia firme.
Es por eso que, no podrán ser precandidatos en elecciones (ni Primarias –PASO-, ni generales) a cargos públicos electivos provinciales aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros. Estas personas tampoco podrán ocupar cargos en las conducciones de los partidos políticos
Para ello, la iniciativa parlamentaria modificará la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas y simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para adaptarlas a los requisitos que se proponen desde el Frente Renovador.
En sus argumentos, el diputado Lissalde comentó que el antecedente más cercano es el caso de Brasil, donde ese país donde, a través de una Iniciativa “Popular Ficha Limpia” organizado por entidades de la sociedad civil, reunieron más de 1,6 millones de firmas con el objetivo de aumentar la idoneidad moral de los candidatos políticos a cargos electivos. Este mecanismo de participación ciudadana está previsto en la Constitución Federal de Brasil de 1988.
Al respecto, el legislador massista dijo: “El tema de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles -entendida como el “abuso de poder para beneficio propio”, la corrupción provoca serios perjuicios en nuestras sociedades”.
“Para lograr que la sociedad retome la confianza con los políticos, es necesario este tipo de iniciativas que den garantías de transparencia en un país donde la corrupción fue y es protagonista”, señaló Lissalde.
Cabe destacar que se aprovecha la oportunidad para adaptar la normativa provincial a la nacional por lo que también se excluyen de poder presentarse como candidatos a cargos electivos a las personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales y los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincia de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.