Según palabras del juez Alejo Ramos Padilla, la organización de espionaje ilegal dedicada a la extorsión y la coacción estaba conformada por servicios de inteligencia, funcionarios del gobierno, parte de la justicia y periodistas.
Para el juez, la pata periodista era fundamental para la organización que integraba Marcelo D’Alessio. Tenian necesidad de llegar a la opinión publica para darle mayor efectividad a las operación de acción psicológica, un capítulo necesario en la actividad de inteligencia ilegal desplegada, máxime cuando tiene fines políticos o empresariales.
Ramos Padilla también afirma que en este aspecto el punto nodal es el conocimiento de las maniobras ilegales de la organización.
La diferencia se ve en que Ramos Padilla llamó a declarar al periodista Rolando Graña como testigo –declaró el viernes– y no hizo lo mismo con Daniel Santoro.
Como si fuera poco, Graña ofrecio su teléfono celular al juez, mientras que Santoro contó publicamente que borró todos sus mensajes.
El juez debe definir el pedido de la abogada Natalia Salvo para que Santoro declare en indagatoria como sospechoso, en especial respecto de la extorsión al empresario Mario Cifuentes, pero también en otros casos de utilización de la información ilegal.