La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pasó a protagonizar un virtual estado de rebeldía, en el marco de su bochornosa reacción en cuanto a no permitir que la Auditoría General de la Nación (AGN) lleve adelante una inspección en el organismo que ella dirige.
La funcionaria, que ya reconoció que no encabeza denuncias contra los funcionarios del actual gobierno, condicionó la entrega de la información que le requería la AGN, situación que llevó a los auditores a intimarla y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia.
“De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”, fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva. La nota fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.
A pesar del ultimátum, y lejos de acatar el pedido de auditoría, Alonso encima se envalentonó y de una manera casi amenazante, les advirtió a los auditores que, en caso de judicializar la situación, ellos “saldrían perdiendo”.
La disputa entre los dos organismos viene desde junio de 2018, cuando la AGN notificó a la OA que por primera vez se iba a realizar una auditoría del ente dirigido por Laura Alonso. Ahí comenzó un ida y vuelta de notas sobre qué documentación era necesaria.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción le remitió a la Auditoria documentación referida al marco normativo, la estructura organizacional y los reglamentos inernos del organismo. Pero no le envió la información sensible sobre las denuncias en trámite en la OA, lo que desató una nueva polémica.
Al considerar la información parcial e insuficiente, desde la AGN intimaron a que se le envíe la información que se le había requerido originalmente para iniciar el trabajo de auditoría, con una nueva negativa de Alonso, que en los discursos habla de transparencia y lucha contra la corrupción, pero en los hechos, hace exactamente lo contrario.
Para los auditores estaba claro que la OA se resiste a ser auditada. Por eso mismo, la reacción de los auditores fue unánime: por nota intimaron a Alonso a que cumpla con los requerimientos de la AGN porque, de lo contrario, la demandarían ante la Justicia. Alonso replicó que esa intimación era improcedente.
“Esto es de una gravedad institucional inaceptable”, advirtió la titular de la OA, quien insistió en que no entregará información sensible sin previa orden judicial. Desde la AGN, en tanto, se explicó que la auditoría en cuestión no pretende indagar en la gestión política de la OA: “Es el mismo tipo de auditorías que realizamos en otros organismos públicos, pero allí no encontramos este nivel de resistencia”, advirtieron.