Preocupa a Manzur la denuncia por corrupción en subsidios al transporte público

Avanza en la Justicia de Tucumán la denuncia de tres dirigentes opositores sobre un presunto cohecho vinculado al transporte público a partir de video que se viralizó en las redes que involucra a empresarios del transporte público. Tres candidatos para las elecciones se presentaron a la Justicia para que investigue lo que salpicaría la gestión provincial.

Según publicó La Gaceta, el candidato a legislador Esteban Jerez, que se postula por el acople opositor Compromiso por el Pueblo, formuló ante la Fiscalía de Instrucción de Turno una denuncia penal contra Daniel Orell y Jorge Berreta, presidente y vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Solicitó también que la denuncia se haga extensiva a los demás participantes de la reunión, que se habría realizado en los primeros meses del año (no se especificó cuándo) para tratar temas vinculados a los subsidios al transporte público. Además, pidió que se realice un “urgente allanamiento” a la sede de Aetat para resguardar toda documentación respaldatoria.

Paralelamente, los radicales José Ricardo Ascárate (subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano) y Jorge Mendía, candidatos a legislador por el frente Vamos Tucumán, se basaron en el mismo video para presentar una denuncia penal paralela ante la Justicia Federal, a través del abogado Agustín Iturre.

Jerez especificó que recibió un video de una reunión entre directivos del transporte público y que logró identificar las voces de Orell y de Berreta. Además, que de ese registro surge la comisión de un hecho delictuoso, que presuntamente sería el reparto espurio de los fondos públicos que debieran ser usados para subsidios de transporte. El dirigente indicó que sería Berreta quien abre el diálogo “explicando que en los días previos a esa reunión, que la Aetat había hecho entrega a un emisario del gobernador de la provincia, Juan Manzur, la suma de $ 4 millones en concepto de ‘coima’”. La misma persona indicó que esa entrega habría estado a cargo de Orell a un señor que se desempeñaría como empleado del Ministerio de Salud de la Nación. “Los hechos narrados en esa reunión demuestran que entre las autoridades provinciales y los empresarios del transporte automotor de la provincia existe una connivencia dolosa…”, expuso Jerez.

En la presentación de los radicales se expusieron argumentos similares a los de Jerez. “Este dinero nunca llegaría a su destino sino que sería entregado directamente al gobernador”, expusieron con el video adjunto. Ascárate y Mendía recordaron el conflicto desatado en febrero, que incluyó paro de transporte ante deudas salariales y pedidos de aumentos del boleto. “…Podemos decir ciertamente que esto es una asociación ilícita por la cantidad de personas que estarían involucrados para poder llevar a cabo estos delitos”, argumentaron.