El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC), realizado del 25 al 28 de abril, reveló que hay 7251 personas en situación de calle efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos muestran un crecimiento importante respecto del primer censo, que se realizó en 2017.
Discriminados por edad, el 84% de las personas en situación de calle son mayores de 18 años, y el resto, niños, niñas y adolescentes. Entre los menores, 871 fueron censados sin techo. Son varones el 80% de las personas en situación de calle. 42 personas censadas (poco más del 1%) declararon ser personas trans o travestis. Entre las mujeres, 40 dijeron estar embarazadas.
Respecto del tiempo que llevan a la intemperie, el 52% afirmó que es la primera vez que se halla en situación de calle. Además, el 56% dijo que siempre vivió en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las múltiples circunstancias que han provocado esta situación, 980 de los censados dijeron que fueron expulsados de su vivienda (430 de ellos por incapacidad de pago); 802 afirmaron que perdieron el empleo que tenían; 192 sufrieron violencia, ellos o sus hijos; y apenas diez dijeron que “siempre” estuvieron en situación de calle.
El 77% de las personas afirmaron no acceder al subsidio habitacional por diversas razones (vencimiento de plazo, problemas de documentación, dificultad para conseguirlo). 1188 personas afirman haber tenido problemas de salud en los últimos dos años. Se relevaron 532 personas con alguna discapacidad. Y 1577 que afirman haber sufrido algún hecho de violencia en los últimos años. El 73% respondió contar con estudios desde primarios, registrándose casos que incluso afirman tener estudios universitarios.
Entre las organizaciones que participaron están la Defensoría del Pueblo de la Capital Federal, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa porteño, y Proyecto 7. Gente en situación de calle, entre otras.
“El relevamiento muestra que las personas en situación de calle no son una prioridad para el gobierno desde hace años, lo que convierte esta situación en un problema estructural, que exige políticas estructurales, no sólo paliativas”, aseguró el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, para quien “las respuestas que da el gobierno son insuficientes”.