El gobierno de María Eugenia Vidal ya tiene su primera denuncia penal por corrupción por obras millonarias que se pagaron y no se habrían realizado. El caso, que se filtró pese al blindaje mediático, está siendo investigadi por pedido expreso del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La presentación, que preocupa a Vidal a horas de la elección, fue realizada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, a instancias del titular de la Suprema, Eduardo De Lázzari, y busca determinar si se realizaron pagos por obras proyectadas pero no ejecutadas en cinco edificios del Poder Judicial, uno de ellos en el distrito de La Matanza.
La denuncia impacta de manera directa sobre el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, porque la sospecha es que la cartera a su cargo desembolsó plata en base a certificados de avance de obras pese a que no se había realizado ningún movimiento.
Uno de los casos denunciados ocurrió en La Matanza. Se trata de la obra del complejo del Edificio Fuero de Familia, que se certificó en su totalidad por 11.738.945 pesos a pesar de que “las tareas no se encuentran ejecutadas”, según el informe que sustenta la denuncia y que fue publicado por Infocielo.
A raíz de esto, la Corte encargó un informe a sus peritos que es la base de la denuncia. Gigante, al tanto de todo, pidió explicaciones por escrito a sus funcionarios pero, como no lo convencieron, ordenó la realización de una auditoría, cuyos resultados estarán la próxima semana.
Vidal atacó antes de las PASO al presidente de la Corte, Eduardo De Lazzari, por deslizar que los vicios y la corrupción de Comodoro Py -como causas armadas, abuso de arrepentidos y el uso de espías- se estaba trasladando a la justicia bonaerense. La mandataria no sólo le pidió que probara lo que decía sino que además impulsó una investigación en torno a sus declaraciones a través del procurador general de Suprema Corte y ex funcionario suyo, Julio Conte Grand.