El lobby de las cerealeras y petroleras le hizo perder al Estado bonaerense 2300 millones de pesos

Las modificaciones introducidas por Juntos por el Cambio en la ley impositiva aprobada el miércoles le significaron al Estado bonaerense una pérdida de 10 mil millones de pesos. De ese total, 2300 millones corresponden a la tasa de carga y descarga en los puertos de la provincia que la oposición bajó a la mitad de lo que planteaba el proyecto original enviado por Axel Kicillof imponiendo su mayoría en el Senado bonaerense.

El gobierno planeaba recaudar 30 mil millones de pesos con la reforma impositiva prevista en el proyecto enviado a fines de diciembre, pero los cambios forzados por la oposición terminaron restándole una tercera parte. La tasa portuaria, junto a la suba del 75% en el inmobiliario (que afectaba a las propiedades y campos más caros) y la alícuota que pagan los operadores de cable, fueron los tres puntos que pusieron sobre la mesa en la recta final de la negociación y que forzaron con su mayoría para aprobar la ley.

El artículo 100 del proyecto enviado por el Ejecutivo gravaba las actividades portuarias con una suba de la alícuota que pagan por Ingresos Brutos y modificaba el criterio de la base imponible al reemplazar el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operadas en los puertos. De esta manera, fijaba 93 pesos por cada tonelada cargada; 273 pesos por tonelada descargada y 46 pesos por cada mil kilos de mercadería removida.

Apenas se conoció el proyecto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales iniciaron el lobby para modificar ese artículo. Pidieron audiencia urgente con los senadores Maximiliano Abad, Agustín Máspoli, Gustavo Soos, Leandro Blanco y Lucas Fiorini, de las comisiones por donde pasaría el proyecto. También se quejaron ante el ministro nacional de Transporte, Mario Meoni, y el titular de Producción bonaerense, Augusto Costa. El oficialismo se mantuvo firme hasta el final, la oposición argumentó que la suba de la tasa haría que los puertos pierdan competitividad frente a los de otras provincias y también pérdida de puestos de trabajo.

Ganó el lobby portuario y cerealero y las tasas quedaron exactamente a la mitad de lo que quería Kicillof: se cobrará 46,50 pesos por tonelada cargada; 139 pesos por tonelada descargada y 23 pesos por cada mil kilos de mercadería removida.

Pero la disputa en torno a los puertos bonaerenses recién comienza. La ministra de Gobierno, Teresa García, adelantó tras la sanción de la ley impositiva que es “imperioso” tener una nueva ley para regular la actividad portuaria y apuntó especialmente a los consorcios que administran cada puerto y que se extendieron a casi todas las terminales durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio”, dijo García y agregó que la provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria.

En este punto, la ministra explicó que los impuestos que pagan las empresas que operan en los puertos quedan en cuentas especiales de los consorcios y no llegan a las arcas de provincia, mientras que es el Estado bonaerense el que se hace cargo de todos los accesos -caminos y rutas- para que los puertos puedan ser competitivos. Por eso, consideró necesario que es necesario discutir una ley de Puertos.

“Cambiemos le sacó 10 mil millones de pesos a la provincia con las modicaciones que promovió en el Senado”, dijo García y recordó que desde el Ejecutivo ya se habían hecho “los cambios que ellos habían pedido, pero quisieron ir por más para favorecer a los cable operadores, a los administradores de puertos y a los grandes jugadores del campo”.

El Grupo Clarín presionó a Juntos para el Cambio para no pagar más impuestos en la provincia