Para mostrar la dirección que pretende el Gobierno en un área tan sensible como es la de los servicios de inteligencia, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño, redactó en las últimas horas una resolución que ordena “disponer la reducción al mínimo de las funciones de investigación criminal de la agencia y su participación como auxiliar de la Justicia”.
De esta manera, la medida limita la capacidad de los servicios de inteligencia para intervenir en causas judiciales criminales, salvo delitos complejos. En los considerandos de la resolución – que será publicada mañana en el Boletín Oficial-, la funcionaria cuestiona la flexibilización del criterio que usaron los jueces y la propia AFI durante el macrismo para justificar la participación de espías en una pesquisa criminal.
El presidente Alberto Fernández ya había anticipado que iría en esa dirección. Es que en el Gobierno entienden que los magistrados federales muchas veces utilizan a los espías o a la inversa de manera “promiscua”, y que inclusive esa relación ha servido para el armado de causas.
La resolución también hace referencia a la derogación del decreto de 2016 que ocultaba gastos administrativos de la AFI y a la intervención del organismo de inteligencia en las escuchas. La AFI, dice Caamaño, tiene como función principal prevenir actividades de terrorismo y de delitos que alteren el orden constitucional mediante la recopilación de inteligencia nacional.
Asimismo, se exhorta también a los jueces de todo el país a que apliquen “de forma restrictiva” su facultad de reclamar la intervención de la AFI en investigaciones judiciales.
“Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias estas además propias de otros organismos estatales”, subrayó Caamaño en la Resolución Nº 17/20, con fecha del 13 de enero.
La funcionaria resaltó, como “materias propias de esta AFI” al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y hechos atentatorios contra el orden económico y financiero, entre otros.
El texto puntualiza que “los medios técnicos y humanos” de la AFI tendrán que ocuparse “al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal”.
El camino que el presidente tenía marcado para la AFI, tras los casos judiciales que develaron el accionar de los servicios de inteligencia en el armado de causas durante la administración de Mauricio Macri, quedó claro a partir del momento mismo de su asunción. Ese día prometió acabar con “la marcha ominosa” que provocó una crisis de credibilidad en las instituciones.
Luego, al definir las pautas de la intervención de 180 días, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero nombró específicamente al caso del falso abogado Marcelo D`Alessio para ejemplificar la situación: “Es bastante elocuente de cómo los servicios de inteligencia operaron todo este tiempo en el país para el armado de causas y persecución”, enfatizó al respecto.
En ese momento, explicó que esa es una relación que el Gobierno quería estudiar “sin prejuicios pero a fondo, porque entendemos que es nuestro deber”, agregó.
Mientras tanto, el Gobierno está concentrado en modificar parte de la ley 25.520 de inteligencia nacional. El artículo 4 de esa norma es el punto central, ya que fija que “ningún organismo de inteligencia podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.