Las nuevas autoridades del Banco Nación iniciaron un sumario administrativo, después de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos por $18.700 millones a la firma agroindustrial Vicentin, que se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, sin que hasta el momento la empresa haya presentado propuesta de pago alguna.
La magnitud de los montos excede todos los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II -adoptados por el Banco Central-, y habla de un claro vínculo entre el macrismo y la empresa de las familias Padoán-Nardelli, principal aportante privado a la campaña del entonces oficialismo.
Es tal la gravedad de la situación, que para el Banco Nación la deuda de Vicentín significa tal exposición, que compromete el 20 % de su responsabilidad patrimonial computable, un porcentaje que limita gravemente su capacidad prestable y pone en jaque sus finanzas.
El vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, explicó que al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes, y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.
Según detalló, la deuda por los préstamos -que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco-, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos, y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio. “En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron”, añadió.
“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que quiere decir que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, agregó.
Resumil afirmó que desde ese momento “se suspendió el flujo de recursos a la empresa”, pero la preocupación radica en que hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago: “Lo que ocurre habitualmente es que abran una vía de negociación con su cadena producción o entidades financieras. Pero no se advierte ninguna voluntad. En 2018 facturó 118.000 millones, es decir que la deuda era el 15% de esa facturación. Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes”.
Por último, advirtió que “no podemos tolerar que los recursos que depositan los argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa no vaya a la quiebra en la situación actual, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay oferta de pago se tomarán otras acciones”.
“No hay una explicación económica ni jurídica de por qué se accedió a exceder ese límite fijado por riesgo. Es suspicaz, nadie otorga un crédito por sobre un límite sino recibe una contraprestación”, afirmaron a este medio fuentes del banco público, que recordaron otros polémicos prestamos de la entidad hacia empresarios amigos del macrismo.
El más conocido es el caso de Mercado Libre, que a fines de 2017 consiguió el aval de la Casa Rosada para que el Nación le gire $ 4.000 millones, al tiempo que enfrentaba una demanda de la AFIP por impuestos impagos por 500 millones de dólares.
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