En el marco de la investigación por el reciente hallazgo de 950 cuentas no declaradas de argentinos que podrían totalizar en conjunto más de 2.600 millones de dólares, en las últimas horas se detectó que hay miles de cuentas más que fueron alertadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con montos inferiores al millón de dólares, y que ingresarán en una segunda etapa de análisis.
Por esa razón, la AFIP dispuso levantar la feria fiscal para avanzar en estas cuestiones, que involucran al ex titular del organismo, Alberto Abad, durante la presidencia de Mauricio Macri, por lo que todo indica que se complica su futuro en el terreno judicial.
“Los procedimientos de fiscalización que se realizan en función de la información proporcionada por la OCDE resultan de trascendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el marco del actual contexto de emergencia”, indicó la Resolución General publicada ayer en el Boletín Oficial. Eso significa que la AFIP mantendrá la feria pero excluirá esta investigación en particular por su relevancia.
De acuerdo a lo que revela hoy el periodista Gabriel Morini en Ámbito Financiero, ahora se está avanzando en la notificación de todos quienes figuren como titulares.
Lo que hasta ahora nadie profundizó es por qué esa información -recibida en 2017- recién más de dos años después empieza a ser procesada, después de una maniobra que apuntó a evitar que esos datos fueran desencriptados a favor del Fisco. Pero sobre todo, cuáles fueron los pasos que podrían configurar un delito y por los cuales Abad y su segundo en la AFIP, Leandro Cuccioli, aparecen como los máximos responsables en el ocultamiento de esos registros que llegaron originalmente a la Unidad de Fiscalidad Internacional que, en ese momento con cinco personas en su equipo, recibió los datos desde la OCDE.
Se estableció que ellos fueron el nexo con el organismo recaudador local respecto a contribuyentes que no tributan en Argentina. Pero en el camino, hubo un intento de bloquear el avance y de eliminar ciertos registros para que nadie pudiera “ver” los “nombres” que contiene ese listado.
Finalmente, en enero de 2018 comenzó a abrirse el archivo y comenzar a cruzar los datos de quienes no habían declarado los bienes en el exterior, una tarea supuestamente urgente. Hubo discusiones técnicas entre Fiscalidad Internacional, Auditoria y Sistemas, donde se trazó un esquema complejo para garantizar la seguridad de los datos, y se implementó un plan de auditoría muy fuerte sobre el sistema.
Pero el 5 de enero de ese año y en pleno ajuste del software, el área de Sistemas decidió borrar el “usuario” que había procesado todos los datos, para dejar solo resguardados los archivos sin procesar (es decir los que no tenían identificación positiva).
Dos días antes, Abad convocó al personal del área con la orden de que trajeran impreso un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema, una instrucción inusual, y él mismo lo recibió en mano.
A mediados de enero de 2018, se reconstruyó el usuario dado de baja pero el software había sido modificado por orden de Auditoría: por supuestas normas de seguridad ya no era posible visualizar los “nombres” en el sistema, sino que corrían sin que ningún agente accediera a ellos. Desde entonces, no se conoce otra acción tomada por la AFIP respecto a los reportes de la OCDE, y tampoco después de que un mes después desembarcara Cuccioli en reemplazo de Abad.