El Papa Francisco firmó un decreto donde dispuso una nueva legislación de compras para el Vaticano con eje en “transparencia, centralización y competencia”, por la que dejará de comprar “bienes, servicios, obras y trabajos” a empresas y personas que tengan su sede en paraísos fiscales o que tengan accionistas residentes en esos Estados. En la Argentina, la mayoria de las empresas del establishment económico iría a la quiebra.
Tras cuatro años de trabajo compartido entre diversos entes vaticanos, se dio a conocer el decreto firmado por el papa Francisco que concentra las “Nomas sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano”.
“Para permitir una gestión más eficaz de los recursos consideré aprobar un conjunto de reglas destinadas a promover la transparencia, el control y la competencia en adjudicación de contratos públicos celebrados en nombre de la Santa Sede y la Ciudad de Vaticano”, plantea el Papa en la introducción de la nueva legislación, divulgada este lunes por el Vaticano.
La legislación explicita que serán excluidos de las compras los proveedores “residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados”.
A través de casi 100 artículos, la legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano, y será válida para todos los entes de la Santa Sede.
El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.
El artículo 5 de la nueva ley plantea la búsqueda de la “eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia”.
El texto hace hincapié también en la importancia de evitar “conflictos de intereses”, para lo que se adoptarán medidas para “evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de tratamiento a todos los operadores económicos” oferentes de bienes y servicios a la Santa Sede.
Además de por la residencia en paraísos fiscales, el elenco de prestadores de la Santa Sede excluirá a los operadores que en el momento estén siendo investigados o tengan condenas de primer grado por participación en organizaciones criminales, corrupción, fraude o delitos terroristas, por lavado o por explotación de menores.
Habrá, además, una lista de precios de referencia para los bienes y servicios que el Vaticano busque contratar.
Las compras, que buscarán ser planificadas hasta el 31 de octubre de cada año, serán supervisadas por un cuerpo de peritos formado por empleados del Vaticano.