El gobernador Axel Kicillof recibió hoy a los intendentes del Conurbano para hablar de un tema que preocupa y genera chispazos hacia adentro del oficialismo en el marco de la pandemia: la toma de tierras. Acordaron armar una mesa de gestión para generar alertas tempranas y frenar usurpaciones, y a su vez trabajar en una política habitacional de mediano y largo plazo.
La ocupación de tierras en distintos distritos creció en los últimas dos meses. Según la información que acumula el Ministerio de Seguridad, entre denuncias judiciales y partes de la Policía, ya son 4300 las hectáreas que fueron tomadas entre tierras fiscales y privadas. Hay registro de 71 usurpaciones, 315 intervenciones policiales y 258 detenciones.
Entre los distritos más afectados por la problemática están La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, entre otros.
Frente a esta situación, que no encuentra solución, un grupo de intendentes reclamó ayer a Kicillof y también al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, que intervengan para poner un límite. “No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, señalaron ayer en un comunicado. Y agregaron: “La urbanización debe ser una política de Estado y que es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios”.
Kicillof los convocó de inmediato a una reunión que se realizó hoy al mediodía y contó con la participación de los jefes comunales Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), y Juan Andreotti (San Fernando). “Las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”, dijo el gobernador en la misma línea en que ya se había expresado el presidente Alberto Fernández, quien subrayó que la ocupación de tierras “no es algo legalmente permitido” pero que hay un problema habitacional detrás.
Kicillof también defendió el trabajo de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y dijo que “el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.
En tren de contener a los intendentes, el mandatario provincial encargó a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que arme una mesa de gestión que se ocupe de las tomas pero, a su vez, comience a trabajar en una política pública para resolver el déficit habitacional de los sectores de menores recursos en el Conurbano y en los distritos del interior más poblados y golpeados por la pobreza.
Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.
En este punto, y como parte del plan de reactivación “Provincia en marcha” que se anunció el martes, ya hay un programa para terminar 8 mil viviendas entre 2020 y 2021: se trata de 5700 casas que habían sido abandonadas por la gestión de María Eugenia Vidal y unas 2300 nuevas con fondos nacionales y provinciales. A su vez, se puntualizó en la reunión que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia.
Picante contrapunto
El tema de las tomas escaló ayer cuando el ministro Berni acusó al movimiento Evita de estar detrás de la ocupación de terrenos.
“Las tomas de tierra están promovidas por funcionarios de este gobierno”, dijo el ministro de Seguridad y apuntó directamente a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Nación. “Me hago cargo de lo que digo”, aseguró el ministro.
El ministro sostuvo que detrás de una toma de tierras “existen abogados, contadores, barrabravas que utilizan la desesperación de la gente de tener un techo” y aseguró que los dejan vivir una semana “entre cuatro paredes de nylon” pero luego los echan y se quedan con los terrenos.
Navarro le contestó a Berni y aseguró que debería hacer la denuncia en la Justicia porque, “caso contrario, es cómplice y es un charlatán de feria”. También lo cuetsionó por su política de mano dura y dijo que “eso no es peronismo”.
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