Crónica de un escrache anunciado: así podría ser el título de esta nota, teniendo en cuenta que el desfile de autos este fin de semana frente a la casa del juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con bocinazos, insultos y carteles, no fue otra cosa que la consecuencia de una escalada de burdas presiones armadas en los últimos días por referentes del macrismo, que de esta manera pretenden que el máximo tribunal falle en función de los intereses de ese sector a través de aprietes, y no de la ley.
Lo más llamativo -a pesar de los supuestos e hipócritas rechazos que salieron a declamar a propósito del escrache-, es que quienes en definitiva vienen promoviendo este tipo de acciones, son los mismos que recorren los medios para advertir a la población que “la República está en peligro”.
Como muestra de la doble vara que los caracteriza, no se requiere tener una memoria privilegiada o de largo alcance, para recordar que ayer nomás los macristas se quejaban cuando las “organizaciones K” marchaban contra la Justicia en general y la Corte Suprema en particular, afirmando que se trataba de “extorsiones”. Sin embargo, ahora son ellos quienes están haciendo lo mismo.
Ante la sucesión de estas presiones que, por ahora, tuvieron su punto culminante frente al domicilio de Lorenzetti en la santafecina Rafaela, la pregunta inevitable es: ¿qué puede pasar con ese o con otros jueces que eventualmente no voten mañana como el macrismo pretende?
En realidad, esta metodología no es nueva en el universo macrista: recientemente fueron a insultar frente al departamento de Cristina Kirchner, publicaron el celular de Sergio Massa, atacaron a Axel Kicillof y a su familia en un barco y hasta mandaron a escrachar a los hijos de tres jueces. O sea, el apriete como método.
Este grave episodio ocurre horas antes del fallo que la Corte dará a conocer mañana sobre la causa por la anulación de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. En conreto, se expidará sobre si concede el pedido de “per saltum” de los tres magistrados para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus respectivos traslados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri se ajustaron o no al trámite de designación previsto en la Constitución.
Tal vez, el punto máximo de esas presiones estuvo dado por las repudiables declaraciones que formuló la semana pasada la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuando abiertamente lanzó una extorsión, al plantear por TN que “si la Corte quiere seguir siendo la Corte”, tiene que fallar como quiere el partido que perdió las elecciones hace menos de un año.
Ahora, en respuesta al escrache contra Lorenzetti, haciéndose los desentendidos y exteriorizando un alto nivel de desvergüenza, referentes de Juntos por al Cambios salieron a rechazar este episodio.
El summum de la hipocresía vino de la mano de Mauricio Macri, nada más ni nada menos. Desde su cuenta de Twitter, el ex presidente escribió: “La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar”.
Otro tanto hizo el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien sostuvo que “las manifestaciones a casas particulares de funcionarios, ya sean jueces u otras personas públicas, no son métodos democráticos”. Y completó: “Esto es así por Lorenzetti o cualquiera que lo sufra”.
Y la trilogía de las máximas expresiones de tanta hipocresía estuvo dada por lo que expresó el ex ministro de Justicia durante el macrismo, Germán Garavano, quien dijo que la Corte Suprema “debe fallar con independencia, sin reclamos ni presiones a sus miembros”.
Más creíble resulta la preocupación manifestada por miembros del actual Gobierno, teniendo en cuenta que la creciente escalada de presiones que tuvo su punto culminante en el escrache contra Lorenzetti, es protagonizada por furiosos y odiadores anti K.
Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó su “preocupación” ante la protesta que sufrió el juez de la Corte, y sostuvo desde Twitter que el país necesita que las “instituciones de la democracia trabajen libres de presiones”.
En tanto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, llamó a establecer como “límite” el “respeto a la convivencia democrática y sus instituciones”, y convocó a que “todos los sectores democráticos de la sociedad acompañen este límite que merece un unánime y contundente repudio”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó también por redes sociales su “solidaridad y profundo repudio”, y reafirmó el “compromiso” del Gobierno de Alberto Fernández por una “Justicia independiente”.