El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, salió a victimizarse ante el pedido de juicio político presentado por una diputada. En soledad, ya que debe haber tomado conciencia de que no hay un respaldo público por parte de sus colegas, escribió una extensa carta en la que denuncia ser “blanco de una campaña de desprestigio en distintas publicaciones y de parte de distintas personalidades”.
“Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, enfatiza la defensa del juez, quien mezcla el pedido de juicio político presentado el 25 de septiembre por la diputada Vanesa Siley -por su actuación frente a temas de crímenes de lesa humanidad- con otras denuncias que se le presentaron en el fuero penal. Por ejemplo, una por la supuesta tenencia de 71 cuentas offshore y otra por una quiebra fraudulenta.
Para la presentación de su pedido, la legisladora se basó en la demora de Rosenkrantz en causas de lesa humanidad y por no convocar a la Comisión Interpoderes -que depende del alto tribunal-, ya que no fue citada durante casi los cuatro años de macrismo. Siley resaltó que el titular de la Corte mandó invitaciones para activar la comisión recién la semana pasada, después de que ella presentara el pedido de remoción.
En concreto, Siley retomó el pedido de juicio político que se había presentado en su contra en 2017 después de que motorizara el fallo que habilitaba el cálculo del 2×1 para criminales de lesa humanidad. En su descargo, Rosenkrantz hace gala de una extraña solidaridad con sus colegas Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, y se pregunta por qué se lo achacan únicamente a él. “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, escribió.
“No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente”, dijo la diputada Siley. Para ella, la clave es que Rosenkrantz sostuvo su voto en favor del 2×1 aun cuando el Congreso votó una ley que aclaraba expresamente que los delitos de lesa humanidad no podían ser objeto de beneficios como el que él había contemplado en 2017 para el represor del Hospital Posadas Luis Muiña.
Rosenkrantz mantuvo los mismos argumentos en 2018 cuando la Corte revirtió su doctrina en el caso del 2×1 en el caso de Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. “Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación”, agregó la diputada del Frente de Todos.
Y como no podría ser de otra manera, desde los medios hegemónicos salieron a disparar contra la legisladora. Tal el caso de La Nación que hoy, bajo el título “Vanesa Siley, la camporista que tensó la relación con la Corte Suprema” alimenta el odio de los lectores de ese medio, al sostener que “a oposición, atribuyó la maniobra a Cristina Kirchner”.
Y como para que no queden dudas, se destaca que “Siley tiene 36 años, es abogada, dirigente de La Cámpora, sindicalista y activa militante del feminismo. Asumió como diputada nacional en 2017, en la lista de Unidad Ciudadana, el brazo político que ideó inicialmente Cristina Kirchner para competir contra el macrismo. Tres años después, su carrera exhibe progresos: preside la comisión de Legislación del Trabajo, es miembro del Consejo de la Magistratura y es, sobre todo, una de las espadas legislativas de mayor confianza de la vicepresidenta”.
Mientras, no deja de resultar llamativo que ahora Rosenkrantz se rasgue las vestiduras y se muestre como una pobre víctima de persecuciones varias, y sin embargo nada dijo cuando fue objeto de seguimientos por parte de espías durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según revela hoy el periodista Juan Amorín en Ámbito, una serie de chats que forman parte de la causa por el Espionaje M, muestran a Rosenkrantz víctima de esos seguimientos ilegales del grupo “Super Mario Bros”, parte de los cuales fueron enlistados por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para solicitar una nueva ronda de indagatorias. Fuentes ligadas a la vocalía del presidente de la Corte indicaron que hasta el momento Rosenkrantz “no fue notificado por la justicia de Lomas de Zamora” de las pruebas del accionar de los espías.
El disparador forma parte de la prueba: el 27 de octubre de 2018, Alan Ruiz envió un video al grupo Super Mario Bross donde se ve a Rodríguez “Pepín” Simón, uno de los máximos operadores judiciales de Macri, junto a una persona camuflada, con gorra y capucha puesta, que no era otra que el titular de la Corte.
Y hablando de “doble vara”, los medios tampoco reaccionaron con la contundencia con que lo hacen por estas horas contra la diputada Siley, cuando Elisa Carrió inició hace dos años formalmente el pedido de juicio político contra el entonces presidente del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, sosteniendo que “no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce”.
Y para que no quedaran dudas, la ex legisladora sostenía que “el inicio del presente juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de nuestra República, en este caso, en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.