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La Plata
5 julio, 2022
PAÍS

Sorpresa: avanzará investigación por lavado de dinero contra la familia de Nisman y Lagomarsino

De manera sorpresiva, la Cámara Federal porteña instó a avanzar con “mayor celeridad” en la investigación por presunto lavado de dinero a raíz de una cuenta que tenía el fiscal Alberto Nisman en el exterior, y que fue descubierta tras su muerte. Y más llamativo todavía, es que la resolución lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –protagonistas del fallo de la Corte Suprema por los traslados– y su colega Mariano Llorens.

De esta manera, los tres magistrados pusieron la lupa sobre la tardanza en la investigación que estuvo en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, y que ahora tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi. “A la luz de la demora, se torna necesario instar al juez a arbitrar los medios necesarios para que se avance con la mayor celeridad”, sostuvieron.

“Cabe reiterar lo señalado en nuestra última intervención en cuanto a que a la luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”, precisaron.

Se trata de la investigación abierta en 2015 a raíz de la aparición de una cuenta en el banco Merril Lynch de Nueva York, que tenía como titulares a la madre y a la hermana del fiscal, Sara Garfunkel y Sandra Nisman y al técnico informático Diego Lagomarsino. Nisman figuraba como titular de la cuenta en su calidad de “abogado” y había depositado 666.000 dólares.

Lagomarsino afirmó que el propio Nisman le había pedido su firma porque le solicitaban demasiada documentación a él por ser persona pública, y que temía que como esa cuenta estaba a nombre de su madre, el Estado se quedara con el dinero.

La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellos, del empresario Damián Stefanini, misteriosamente desaparecido a fines de junio de 2014.

En la investigación por presunto lavado de dinero fueron imputados Lagomarsino, la madre y la hermana de Nisman. También es investigado el empresario Claudio Picón, titular de la empresa “Palermopack SA”, a cuyo nombre estaba la camioneta Audi que manejaba el ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, quien fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 2015, en el departamento que alquilaba en Puerto Madero.

La causa estuvo inicialmente en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso llamados a indagatoria de la madre de Nisman, su hermana, Lagomarsino y Picón. A la causa se aportó un documento de la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros) a través de los entonces funcionarios José Sbatella y Juan Martín Mena.

Mientras tanto, Canicoba Corral –hoy jubilado– fue apartado del caso por la Cámara Federal por unas declaraciones periodísticas. Y el caso pasó a manos del juez Bonadio, quien falleció en febrero de este año. Pero prácticamente no hubo avances en el expediente.

En marzo de 2015 la ex esposa de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, informó de la existencia de esa cuenta en la causa abierta para investigar si Nisman fue asesinado o se trató de un suicidio. A raíz de informes recibidos se determinó que la cuenta no estaba declarada.

La Cámara Federal aludió a la situación de la causa por presunto lavado de dinero al resolver que se reintegren a Picón la documentación vinculada al vehículo, secuestrada en el 2015. Esta decisión se tomó ante “el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada”.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver recursos de queja presentados por los imputados en relación a la validez de prueba incorporada a la causa. La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien asumió como subrogante en el juzgado que estaba a cargo del fallecido Bonadio, donde está radicada la pesquisa.

La retención de la documentación secuestrada en el Registro Automotor “imposibilitaba a la mencionada empresa -titular de los dominios-, de disponer de esos bienes, entre otras cosas, para renovar la flota de vehículos”, argumentó la defensa de Picón.

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