Cristina Kirchner recibirá en las próximas horas el informe sobre las tareas realizadas por la oficina de escuchas judiciales que tiene a su cargo la Corte Suprema desde 2016, para que evalúe si hay elementos que amerite denuncias o pedidos de juicio políticos contra sus miembros por irregularidades detectadas.
El más comprometido es Ricardo Lorenzetti, teniendo en cuenta presidía el máximo tribunal cuando se tomaron las principales decisiones. Por ejemplo, llegó a firmar acordadas en soledad y jamás exhibió la documentación de los sorteos que definieron las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco).
La investigación estuvo a cargo de una subcomisión que se creó por disposición de la vicepresidenta y el titular de Diputados, Sergio Massa, bajo la órbita de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, que el lunes último se reunió para oficializar el informe y emitir dictámenes.
La mayoría oficialista avaló la auditoría y la enviará a las autoridades de las cámaras por ser quienes encargaron la investigación, cuando crearon la subcomisión con una resolución conjunta. Serán, también, las que definan si el resultado amerita un conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte, que según la auditoría se excedió ampliamente en sus atribuciones y facilitó la filtración de las escuchas pedidas por los jueces.
Los representantes de Juntos por el Cambio firmaron un dictamen de rechazo, aunque sólo lo suscribieron los diputados Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca (PRO) y el radical José Cano, quien mantuvo un duro cruce con el senador Oscar Parrilli, víctima de filtraciones de conversaciones interceptadas en los últimos años.
“El informe no dice que la Dajudeco tenga responsabilidad por las filtraciones. Pueden haber sido las partes”, sugirió el tucumano. “¡Pero vos crees que yo difundía mis escuchas!”, lo increpó el ex secretario general de la presidencia.
La auditoría hace foco en las causas en las que se filtraron escuchas en los medios y redes sociales, como la que investigó a Parrilli a partir de una denuncia de las entonces autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Otro caso fue el que instruía el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, sobre el llamado “rey de la efedrina” Raúl Segovia, detenido en la cárcel de Ezeiza. Al fallecido juez federal Claudio Bonadio llegaron grabaciones sobre diálogos del ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, detenido por la tragedia ferroviaria de Once.
En el primer caso, además, se detectó que las grabaciones estuvieron 209 días almacenadas sin resultados vinculados a la denuncia. “Se aprecia un mayor interés en escuchar al señor Parrilli que en averiguar el (supuesto) delito que había dado fundamento a la intervención judicial de la línea”, advierten. De esas intervenciones surgió el viralizado diálogo con Cristina, en el que la actual vicepresidenta le dice “pelotudo”.