El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a las visitas de jueces y fiscales a la quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri y señaló que si bien “no hay delito en que un juez hable con un presidente”, advirtió que “sí hay delito si el presidente le da órdenes”.
“El problema es que el juez vaya a rendirle cuentas o que el presidente le diga lo que tiene que hacer”, precisó Fernández este mediodía en declaraciones a la radio AM750 consultado por la investigación de El Destape sobre la “Operación Olivos”.
Al ser consultado por los ingresos de jueces de Casación a la residencia de Olivos durante la administración de Macri, el mandatario aseguró que “hay casos muy llamativos” en el vínculo entre magistrados y el gobierno de Cambiemos.
En ese sentido, mencionó el caso del “juez (Gustavo) Hornos yendo a la Casa de Gobierno a anunciar las medidas que iba a tomar, que luego fueron tapa de los diarios”, un hecho al que consideró “gravísimo”.
“En campaña yo expliqué que había un circuito en la Justicia penal que empezaba en los fallos de Claudio Bonadio y Julián Ercolini, seguía con (Leopoldo) Bruglia y (Martín) Irurzun y terminaba con Hornos y (Juan Carlos) Gemigniani”, recordó, y luego definió toda esa trama como “un circuito cuidado”.
“Lo que pasó durante el gobierno de Cambiemos no había pasado nunca en Argentina”, evaluó en este punto el Jefe de Estado, tras lo cual concluyó: “Durante el macrismo el Poder Ejecutivo utilizó a la Justicia”. Y luego agregó: “Hubo muchos jueces que se prestaron a eso”.
En ese marco, el Presidente aseguró que uno de sus objetivos es “que nunca más se use la Justicia para perseguir opositores”. “Cuando se habla de corregir a la Justicia quiero que nadie use a la Justicia para perjudicar o perseguir a nadie que no deba ser perseguido porque ha violado la ley”, subrayó.
Fernández hizo estas declaraciones al ser consultado por las visitas reiteradas de magistrados y miembros del ministerio público a Olivos entre 2015 y 2019, que en el caso del juez Mariano Borinsky llegaron a ser al menos 15, según consta en los registros oficiales a los que accedió el portal El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.
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