Si algo le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta era desconocer abiertamente un fallo judicial contrario a sus intereses, por lo que no hizo otra cosa más que demostrar que únicamente acatará resoluciones que acompañen su postura. En otras palabras, el jefe de Gobierno porteño muestra su impunidad y su hipocresía para burlarse de la justicia, a pesar de mostrarse, al igual que los referentes de Juntos por el Cambio, como abanderado de la República y las instituciones.
Anoche, por medio de un escueto comunicado señaló que “hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de las clases presenciales”. De esta manera, anunció que seguirá ignorando lo dispuesto por la Justicia Federal que, mediante un fallo del fuero en lo Contencioso Administrativo, se le ordenó expresamente que suspendiera la presencialidad escolar en su distrito.
Mientras tanto, en el Gobierno Nacional no disimularon su indignación, y consideraron que de esta manera “Larreta incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial”.
Ayer, hacia el final de la tarde, Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, declaró la incompetencia de la Justicia porteña en este tema y envió la causa a la Corte Suprema, dejando sin efecto la cautelar planteada por dos agrupaciones de padres y madres de alumnos cercanas al macrismo contra el DNU del Gobierno nacional que rige hasta el 30 de abril y que establece, entre otras restricciones, el dictado de clases virtuales en el AMBA.
El fallo del magistrado además establece “dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021”, y “hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada”.
Cerca de Alberto Fernández destacaron que “el juez puso las cosas en su lugar al confirmar en su sentencia lo dicho por el presidente”. Además, destacaron que el escrito de Furnari “pone en manifiesto que los jueces de CABA nunca debieron introducirse en un tema del cual no eran competentes, y que al hacerlo generaron confusión e incertidumbre en la sociedad”.
El fallo ahora anulado fue emitido el domingo por la noche por un tribunal porteño conformado por Nieves Machiavelli, hermana de Eduardo Machiavelli, funcionario del gobierno porteño y secretario del PRO, y por Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini.
En ese sentido, desde el Ejecutivo nacional señalaron que Larreta “basó su decisión en un fallo que constituye un estrago jurídico, la justicia porteña es incompetente para expedirse sobre un DNU que tiene carácter nacional”. Opinaron que CABA debería haberse adecuado a la norma que fue promulgada en el Boletín Oficial el viernes pasado, y que “la sentencia es inapelable”.
Por su parte, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, opinó que “el Gobierno de la Ciudad no puede decidir hacerle caso a un juez y a otro no. Pedimos mesura, volver a las decisiones templadas y sensatas que es lo que necesita la gente en estos momentos de desasosiego”.
Para la funcionaria, el Gobierno porteño debería haber actuado “conforme a la Constitución y acatar la decisión del juez”. “Lo que crea incertidumbre no es el fallo, sino la actitud que ha tomado el GCBA. Si ellos acudieron a la Corte, tendrían que haber esperado que ésta decida. Allí hubo en el medio dos agrupaciones de padres cercanas al macrismo que obligaron al Gobierno porteño a algo que ellos querían hacer desde el comienzo, que es continuar con la presencialidad. Es todo una irregularidad enorme”, puntualizó.
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a avivar todavía más el fuego, y respaldó a Larreta: “Esto ha sido un capricho del presidente de la Nación. Mañana los chicos van a clases”, dijo, y agregó una errónea e intencionada interpretación del fallo de Furnari al sostener que “un juez federal no puede anularle a un juez provincial un fallo”.