Patricia Bullrich, enceguecida por el odio y pensando en llevar agua para su molino electoral, no mide las consecuencias de sus bravuconadas contra el Gobierno nacional. De ahí que su postura cada vez más radicalizada en el rechazo y la crítica constante hacia el plan de vacunación, la empujan inevitablemente a protagonizar no pocos cortocircuitos hacia el interior de Juntos por el Cambio. Es que en la alianza opositora no deja de crecer el malestar hacia el extremismo que practica la ex ministra de Seguridad a la hora de buscar algún grado de raciocinio y madurez política, en medio de tantos contagios y muertos que trae consigo la segunda ola por coronavirus.
Mientras que desde el sector que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta piden prudencia y apuestan a bajar el nivel de confrontación con la administración de Alberto Fernández debido a la incertidumbre por la situación sanitaria, aquellos que sostienen posturas más intransigentes redoblan sus críticas e impulsan denuncias en la Justicia contra el Gobierno por lo que consideran el fracaso del contrato entre la Casa Rosada y la farmacéutica Pfizer.
A esa línea que reclama bajar un cambio ante la brutal embestida de Bullrich y compañía, se le suman la Coalición Cívica y una línea interna de la UCR, donde toman distancia de la denuncia pública que realizó la titular del PRO contra el gobierno sobre el contrato con Pfizer.
Eso quedó en evidencia cuando no sólo puertas adentro, sino en declaraciones públicas, a no pocos dirigentes de JxC no les cayó nada bien cuando, de manera irresponsable, la ex ministra aseguró que la Casa Rosada había pedido coimas a los emisarios del laboratorio estadounidense, lo que fue desmentido hasta por las autoridades de la farmacéutica.
De ahí que tanto Elisa Carrió como desde el “larretismo” sugieren que Bullrich debería haberse presentado ante la Justicia si tenía pruebas de las presuntas irregularidades que muy suelta de cuerpo denunció ante las cámaras de TV, creyéndose siempre impune.
Por ahora no hay una posición unificada en ese conglomerado opositor sobre cómo enfocar el cuestionamiento al Gobierno, aunque en general coinciden en que el Poder Ejecutivo deberá dar explicaciones sobre las demoras en la campaña inoculación. Incluso advierten que la aceleración de la llegada de dosis al país, no alterará el reclamo.
En la reunión de la mesa nacional del lunes último, los principales referentes de Juntos por el Cambio abordaron la polémica respecto del plan de vacunación, el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, les adelantó a sus socios que la Ciudad abriría la inscripción para el personal estratégico y las personas con condiciones de riesgo de 18 a 44 años. Si bien mostró un optimismo medido por el arribo de dosis al país, aclaró que el sistema de salud seguía bajo presión en la Capital y que, por esa razón, había que prestar atención a la evolución de los casos.
En ese tramo de la charla se generó un contrapunto con Bullrich, quien cuestionó las restricciones a la circulación y alertó sobre el impacto en la economía.
Es que después de la pelea política y judicial por las clases presenciales, los colaboradores de Larreta no piensan alterar su estrategia discursiva, y buscarán confrontar con la Casa Rosada por el plan de vacunación. Atento a las encuestas, el alcalde porteño centra sus mensajes políticos en dos ejes: consenso y servicio. “Es un momento de mucha incertidumbre. La gente no quiere ver a los políticos peleando”, apunta una fuente de la Ciudad, quien afirma que Larreta solo se saldrá del libreto del “gestor” en temas institucionales.
Un dato significativo es que desde un sector de Pro sugieren a sus aliados no enfocar sus críticas al Gobierno en la vacunación, sino en la crisis económica: “El Gobierno está avanzando con la vacunación”, reconocen.
Pero todo vuelve atrás una vez más cuando Bullrich hace hincapié en que Fernández debe explicar las “enormes demoras” en la vacunación, por las consecuencias sanitarias, económicas y educativas de las restricciones. Y hasta circula el rumor de que, atenta al crecimiento del escándalo político, la ex ministra no descartaaa realizar una presentación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa misma línea, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio radicó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue por qué el gobierno de Fernández no consiguió las vacunas en tiempo y forma.
Entre los firmantes de la presentación aparecen, entre otros, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Jorge Enríquez -el impulsor de las primeras denuncias sobre el plan de vacunación-, quienes reclaman que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, entregue “toda la documentación” sobre la negociación con Pfizer, porque “necesitamos saber qué pasó y tener la información, porque no puede quedar una sola duda sobre quién fue el responsable de este fracaso”.