El Gobierno nacional inició acciones administrativas para disolver los contratos otorgados durante la gestión de Mauricio Macri a los concesionarios del peaje en las autopistas Panamericana y en el acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires.
Así lo precisó esta mañana el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien sostuvo que los contratos promovidos por la administración de Juntos por el Cambio “tenían la decisión de usar al Estado para beneficio de intereses privados”.
En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias”, de El Destape Radio, Katopodis acusó al gobierno de Macri de buscar “negocios millonarios con el Estado a costa de los argentinos”, y habló de “administración fraudulenta”.
“En el caso de los peajes, hemos terminado la auditoría, estamos haciendo las presentaciones judiciales y estamos solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos porque no hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados”, explicó.
El ministro de Obras Públicas aseguró que el Gobierno “agotará la instancia administrativa” para pedir, en instancia judicial, “una acción de lesividad que debería permitirnos, con un decreto del presidente de la nación, rescindir esos contratos”.
La concesión de las autopistas había sido otorgada a la empresa Ausol en 2018, en una operación que fue denunciada por los supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno de Macri y representantes de los grupos empresarios que se alzaron con la licitación.
Días atrás, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, envió notificaciones a las concesionarias del Acceso Norte (Autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste), respecto de las irregularidades detectadas en la auditoría que analizó la prórroga de las concesiones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri hasta el año 2030.
Los Acuerdos Integrales de Renegociación para las principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires que fueron refrendadas por decreto en 2018, y que derivaron en una investigación penal con eje en el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, arrojaron múltiples irregularidades y dieron pie para que el Poder Ejecutivo cuente con una prueba documental que permita avanzar en la rescisión de las concesiones.
De hecho, ambas empresas -que fueron socias de la ex familia presidencial- comunicaron la novedad a la Comisión Nacional de Valores. Y tienen listos sendos juicios al Estado para resistir cualquier intento de ser “desalojadas”.
La auditoría fue implacable en sus conclusiones: el contrato con el que Dietrich benefició a Ausol y a GCO le aseguraba teóricamente un recupero de la deuda en dólares más el 8 %. Sin embargo, los peajes obviamente se perciben en pesos, con lo que el monto real de la deuda reconocida continúa incrementándose.
El monto real que le garantizó Dietrich a ambas empresas, cuyo capital accionario estuvo asociado a SOCMA de la familia Macri fue de 1.161 millones de dólares, compuestos de capital más intereses capitalizables. Pero como además se dejó asentado que ese monto sea “libre de impuestos”, el Estado sacrificó el cobro de tributos en concepto de Impuesto a las Ganancias por otros 619.444.523 de dólares -algo que fue declarado por las propias concesionarias-. Esto, eleva el importe final reconocido como deuda a Ausol y GCO en 1.780 millones de la moneda estadounidense, una cifra superior a la que se pensaba en un comienzo.
Pero la auditoría también detectó otra serie de irregularidades de igual gravedad: la tarifa del “peaje” se terminó “dolarizando” -algo que estaría vedado luego de la prohibición de indexación-, pero, de todas maneras, se fijó el parámetro del dólar contado con liquidación si existiesen restricciones cambiarias o “cepo”.