El crimen de Lucas González, a sus 17 años, asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, provocó un generalizado repudio hacia la fuerza de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta donde, a pesar de los discursos de rigor y la separación de los efectivos involucrados, se contabilizan 121 casos similares en los últimos cinco años.
El ataque policial ocurrió el miércoles, cuando Lucas, con tres amigos, salieron del entrenamiento del club Barracas Central, donde jugaba en las divisiones inferiores. “Fue gatillo fácil”, sentenció su madre para desmentir la versión inicial de la fuerza porteña, que había instalado extraoficialmente que los cuatro chicos habían sido interceptados en “actitud sospechosa” por el oficial mayor Fabián López, el oficial José Nievas y el inspector Gabriel Isassi.
El auto en el que se trasladaban fueron interceptados por un vehículo. En ese auto iban policías de la Ciudad de Buenos Aires. Los amigos de Lucas relataron que, en ese momento, pensaron que le querían robar. Nadie se identificó, nadie dijo nada. El susto los llevó a acelerar y, sin mediar palabra, los efectivos -de civil- dispararon a sangre fría contra el auto. Fueron tres disparos los que dieron en el vehículo y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas.
Los efectivos operaban de civil y en un vehículo no oficial, por lo que los chicos creyeron que les querían robar y aceleraron, según reconstruyeron sus testimonios. “Les tiraron a matar”, denunció la familia de Lucas. Las evidencias dejan a la luz una pregunta clave: ¿qué hace una brigada de civil, sin identificación, disparando contra cuatro chicos que salen de jugar a la pelota?
El oficial mayor López, el oficial Nievas y el inspector Isassi, que estaba a cargo del grupo, revistaban en la Comisaría 4D de Barracas. Los tres fueron separados de la fuerza y sumariados.
Anoche, Alejandro Cilleruelo, a cargo del Juzgado de Menores N°4, ordenó las detenciones de López, Nievas e Isassi. El mismo juez separó a la Policía de la Ciudad de la investigación y dejó los peritajes a cargo de la Policía Federal. Secuestraron las tres armas reglamentarias, vainas servidas 9 milímetros, e investigan de cuál (o cuáles) arma salieron las balas. En esas horas, también, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, presentó al juez un escrito en el que requirió “medidas urgentes” respecto de los tres policías para “evitar cualquier entorpecimiento de la investigación”.
De los tres investigados, al menos uno tenía antecedentes curiosos: en 2016 Isassi formó parte de una comitiva de policías porteños llegada a Río Gallegos supuestamente en plan de paseo, pero armada con al menos una Glock, según denunció Cristina Kirchner entonces, poco después de que apareciera violentada la puerta de la casa paterna de Néstor Kirchner.
“Cuando les cruzamos el vehículo para obligarlos a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego, colisiona al chofer y ahí continúa el procedimiento”, dice uno de los policías en un audio, con el que inicialmente la Policía intentó instalar que los chicos estaban en “actitud sospechosa”. El “procedimiento” fue balear el auto directamente a los vidrios.
Los tres amigos buscaron a otros policías para pedir ayuda: los efectivos los detuvieron. Mientras Lucas luchaba por su vida y López, Nievas e Isassi estaban libres, sus tres amigos estaban alojados en el Instituto Inchausti. Recién 24 horas después de la balacera, los liberaron en el marco de una causa caratulada como “averiguación de ilícito”. “Que no haya ningún Lucas más. No lo va a haber porque nosotros nos vamos a encargar de esclarecer todas las cosas. No le tenemos miedo a nadie”, aseguró Mario, el padre de Lucas, ya entrada la noche del jueves.
“Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos”, respondía al mismo tiempo uno de los carteles que se levantaban frente a la Comisaría 4D vallada. Allí, amigos, familiares, vecinos y compañeros del club pedían justicia por Lucas. La noticia del fallecimiento del chico los había encontrado en Vélez Sarsfield e Iriarte, donde inició la concentración, el lugar en que los tres policías comenzaron a perseguir a los chicos.
Horas antes, temprano en la mañana, cuando la versión de la Policía aún corría como cierta, la voz entrecortada de Cinthia, la madre de Lucas, había sentenciado: “Fue gatillo fácil”. “La Policía sabe muy bien lo que hizo y yo no voy a parar, les juro que no voy a parar hasta que esto salga a la luz”, dijo.
Mientras tanto, el asesinato de Lucas González, a manos de policías de la Ciudad, volvió a poner en tela de juicio el accionar de esta fuerza. Las víctimas del gatillo fácil se suman en la Capital Federal y, en la mayoría de los casos, la edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años. Desde que nació la Policía de la Ciudad, hace cinco años, hubo 121 casos de este estilo en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández se expresó tras el crimen del joven futbolista: “Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia”, manifestó sobre lo ocurrido en el barrio porteño de Barracas.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado le envió un mensaje a los familiares y allegados del joven de 17 años: “Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso”. Y allí, aseguró: “Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia”. Ayer a la tarde Fernández iba a recibir a la madre de Lucas en Casa Rosada, pero por la noticia de su muerte se suspendió el encuentro.
Por otro lado, Fernández también puso el foco en el accionar, tan discutible, de las fuerzas policiales. “No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente”, sentenció.