El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ponderó el trabajo que se ha hecho en la Provincia para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Trabajo y destacó también el esfuerzo realizado por la obra social bonaerense IOMA.
En declaraciones a No Corras por FM 97 Une señaló que “lo que más creció, lo que más se hizo fue reforzar los servicios de primer nivel de atención para poder hacer los abortos porque ya se tenían la tecnología, la capacidad y la práctica”.
Kreplak agregó que “esto marca la noble potencia que tiene el Estado, que ya también la hemos visto con la pandemia” y agregó que “nos dicen que el Estado es ineficiente, inequitativo, injusto, que tiene ñoquis, pero somos los que podemos transformar la realidad, más allá de todas las discusiones que tenemos que dar de cómo mejorar”.
En ese marco, denunció “el silencio estruendoso del resto de la seguridad social y el sector privado respecto de cómo dar respuesta a algo que antes de la sanción de esta ley se generaba en las clínicas privadas para aquellos que podían pagarlos. Fue una entrada de dinero clandestina en algunos sectores, pero ahora por más que tienen los consultorios no dan respuesta”.
Kreplak expresó estos conceptos en la Escuela de Salud de la Provincia de Buenos Aires en un acto junto a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz, y diferentes secretarios bonaerenses para analizar la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia a un año de su aprobación.
Este primer año, en la provincia de Buenos Aires se practicaron 17.500 interrupciones voluntarias del embarazo en 494 establecimientos de salud que están ubicados en 130 municipios bonaerenses. Se trata de un incremento de un 150% respecto de los registrados en 2019 y representan más del 50% de las interrupciones registradas a nivel nacional.
Tras la sanción de la ley, la provincia de Buenos Aires compró a un laboratorio de San Fe, 62.000 tratamientos con Misoprostol para que más de 17.000 mujeres o personas gestantes pudieran acceder a un derecho garantizado por ley y no se registró ninguna muerte en este proceso.