Sin lugar a dudas, será una marcha multitudinaria frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia: mañana a las 18, miembros del Poder Judicial, abogados, organismos de derechos humanos, entidades intermedias, gremios y grupos de personas que se sienten víctimas de violencia institucional, se concentrarán en ese lugar para reclamar que de una vez por todas empiece a cambiar el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial, y para pedir “el fin del lawfare”.
En realidad, no es algo novedoso el malestar contra lo que es el andamiaje de la justicia, tan bastardeada por jueces y fiscales que, en realidad, responden a intereses del llamado poder real -representado desde el punto de vista político por el macrismo-.
Por eso, algunas de las consignas de la convocatoria son: “No a la Corte mafiosa”, “Basta de impunidad” y “La podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle”.
La movilización, que se replicará en más de 30 ciudades de todo el país, también apunta a que se marcha en contra de nombrar dos jueces por decreto, en contra de reuniones de esos jueces con imputados, en contra de jueces visitando al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y, sobre todo, se marcha para pedirle a la justicia que sea justa.
Las demandas purgan entre la remoción o el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte, por los motivos que ya se conocen: haberse avenido, ingresar por decreto por fuera del mecanismo constitucional que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, por auto votar su propia presidencia y vicepresidencia, y por las demoras en sus sentencias. Además, se acumulan entre 50 a 55 causas que están a la espera de resolución por delitos de lesa humanidad.
Aunque varios funcionarios del Gobierno nacional se manifestaron abiertamente a favor de la movilización y replicaron las críticas a los jueces de la Corte, la portavoz Gabriela Cerruti aclaró que el Gobierno “no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales”.
Por ejemplo, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño respaldó la movilización, pero no estará presente mañana en la Plaza Lavalle. “Estoy de acuerdo con la movilización del 1F porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”, dijo la semana pasada.
Cerca de Caamaño aclararon a este medio que esas declaraciones las hizo en carácter de presidenta de Justicia Legítima y no como funcionaria nacional. Sí asistirá el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Otros funcionarios, como el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apoyaron la iniciativa con críticas hacia el Poder Judicial pero no precisaron si participarán.
Y como no podría ser de otra manera, Juntos por el Cambio rechazó la marcha contra la Corte Suprema. En un comunicado, calificó la movilización como “una actitud golpista” y afirmó que el interés del oficialismo “siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidenta de la República”, Cristina Kirchner.
Asimismo, y con la elevada cuota de cinismo que los caracteriza, advirtieron que la movilización es de “suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.
Justamente, desde el oficialismo resaltan la hipocresía de una oposición que repudia una marcha contra la Corte a partir de un fallo puntual, y recuerdan que en el caso de los halcones del macrismo hubo un caso similar hace algo más de un año: fue cuando a fines de 2020, un grupo de manifestantes convocados de forma expresa por la titular del PRO, Patricia Bullrich, se movilizó a raíz de un fallo del tribunal, que establecía que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli deberían dejar sus cargos en cuanto se eligiesen nuevos magistrados por concurso.
Y enfatizan que Alberto Fernández siempre tuvo una mirada crítica sobre el desempeño del sistema judicial en general, y la Corte Suprema en particular.
Precisamente, tiempo atrás el presidente dijo que “en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio”, y que “desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante”.
Esa es una visión que el mandatario comparte con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, que en reiteradas ocasiones cuestionó su funcionamiento, como cuando dijo que fue la propia Corte “la encargada de encabezar y dirigir el proceso de lawfare”, y de garantizar la impunidad de los ex funcionarios de Cambiemos.
La movilización al palacio de Tribunales, tiene como uno de los impulsores al juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, quien indicó que “si quieren descalificar se equivocan. Quieren decir que esta movilización la convoca el Gobierno, pero, como siempre, mienten. Yo asumo la responsabilidad, me sumé a argentinos de bien, que quieren expresarse el 1F. Usan a la mafia judicial como una herramienta contra el pueblo y se victimizan. Espías, causas inventadas, persecuciones”, enumeró.