Inmorales y miserables, desde “el campo” vuelven a la carga para dejar de pagar retenciones

En las últimas horas, la Sociedad Rural Argentina, una de las principales patronales de “el campo”, creyéndose los dueños del país, volvió a exteriorizar su rechazo al Gobierno nacional, y en un tono casi patoteril salió a reclamar que no es justo el pago de retenciones, al considerar que es inconstitucional.

Le entidad agropecuaria, junto con la Sociedad Rural de Jesús María presentó ante la justicia federal de Córdoba una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones.

El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro del impuesto con posterioridad al 1º de enero de 2022, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre último cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de Presupuesto de este año no fue aprobado por el Congreso de la Nación. Y ahí se prorrogaban por dos años esas facultades.

Así, “el campo” disputará en la Justicia con el Gobierno el futuro de un impuesto que el año pasado le significó al Estado ingresos por 10.128 millones de dólares, que representa el 8,8 % del total de los ingresos tributarios nacionales y equivale al 2,1 % del PBI.

A la hora de fundamentar por qué el campo reclama desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, desde la Sociedad Rural sostienen que las mismas “generan una dinámica negativa para toda la economía y por lo tanto necesitamos contar con un horizonte concreto para su eliminación”.

Además, sostienen que las retenciones son distorsivas porque disminuyen el precio interno del productor, y por lo tanto sus posibilidades de capitalización, uso y aplicación tecnológica y modernización.

“Está demostrado que las retenciones son un impuesto muy distorsivo y no sirven como instrumento para contener precios en forma permanente. El impuesto a las ganancias es el instrumento adecuado, por una cuestión de justicia, puesto que las retenciones impactan sobre el precio, mientras que el Impuesto a las Ganancias impacta sobre la renta”, expresaron desde la entidad que preside Nicolás Pino.

En realidad, la historia se remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33 %, de los cereales hasta el 15 % y de la carne al 15 % sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán, se buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.

Lo cierto es que El Gobierno no consiguió finalmente que el Congreso aprobara el Presupuesto 2022 y a partir de ahí se abrió un marco de interpretación por la norma en cuestión. Es por eso que ahora los ruralistas salieron con los tapones de punta abriendo también la posibilidad de que se sumen más presentaciones por vía judicial de otras entidades rurales y productores particulares.

Lo cierto es que el Gobierno todavía cuenta con algunas alternativas para modificar las retenciones: la primera sería recurrir al Congreso, algo que parece improbable ante la dificultad que afrontaría para conseguir una votación a su favor; la segunda, sería apelar al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto.

Concretamente, desde el Gobierno se argumenta que el cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota, y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina.

De esta manera también estos dos artículos son objeto de discusión sobre su validez. Para algunos constitucionalistas no serían legales y para otros sí, e incluso hay proyecto de ley presentados por diputados para pedir su derogación.

Por lo pronto, según se especula, por tratarse de un planteo de constitucionalidad, es probable que termine definiendo la Corte Suprema.

De todas maneras, lo que siempre prevalece en los reclamos de “el campo”, es su recalcitrante antiperonismo. No les importa la República ni la democracia. Sólo defienden sus intereses. Se creen el ombligo del mundo. O al menos, de la Argentina.