En lo que sería el principio del fin de una absurda operación montada por el macrismo y los medios hegemónicos, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decidió liberar la carga que trajo el avión venezolano de Emtrasur, retenido desde hace siete semanas en el aeropuerto de Ezeiza.
En realidad, se trata de una decisión lógica y poco discutida: la aeronave trajo, desde México, autopartes de la marca Volkswagen, gestionadas por cuatro traders conocidas internacionalmente. La última, Alcux Ais Spain, contrató el Jumbo para que hiciera el vuelo de México a Buenos Aires, con escala en Caracas.
A partir del revuelo generado por la presencia del avión en tierra argentina, donde de manera irresponsable y sin ningún asidero se agitaban fantasmas de terrorismo, la carga fue inspeccionada dos veces, incluso con perros que detectan explosivos y estupefacientes. No se encontró nada y por eso no se formuló ninguna acusación hasta ahora contra los tripulantes, por la simple y sencilla razón de que no hay delito alguno.
Consecuentemente, la defensa de la tripulación -14 venezolanos y cinco iraníes- pidió que se les permita volver a sus países y que se restituya el Jumbo. El juez Villena le dio hasta este martes a las partes -la fiscal Cecilia Incardona y la DAIA- para que se expidan. Según afirman en la fiscalía, recién ahora tienen acceso a la traducción de los chats que se encontraron en los celulares de los iraníes, por lo que tal vez se pida una prórroga.
Tan traída de los pelos resultó la burda operación, que a pesar de que no hay acusación, la fiscal y el juez sostuvieron que correspondía investigar si los tripulantes del Jumbo no sólo vinieron a traer autopartes, sino a espiar o hacer algún aporte a alguna operación terrorista.
El abogado de los tripulantes, Hernán Carluccio, pidió días pasados que se devuelvan los pasaportes a sus clientes y se les permita retornar a sus países por considerar que no han cometido ningún delito. Y a la vez reclamó que también se disponga la restitución del avión.
La novela por el avión de Emtrasur arrancó por la denuncia del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Millman. La nave había aterrizado en Córdoba el 6 de junio último, a raíz de la niebla aen Buenos Aires. Ese desvío inesperado hizo que no le alcanzara el combustible, que ninguna petrolera local quisiera reponerle, y tampoco pudo hacerlo en Uruguay, adonde ni siquiera pudo aterrizar porque el avión había pertenecido a Mahan Air, sancionada por Estados Unidos.
A través de un comunicado emitido la semana pasada, la cancillería iraní protestó en duros términos a la de Argentina, y pidió la “inmediata liberación” de sus ciudadanos.
Una funcionaria de la embajada argentina en Teherán fue convocada para expresarle la molestia del gobierno de ese país, al tiempo que el canciller Hossein Amir Abdollahian expresó al representante diplomático argentino “la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”.
“Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní”, señala el texto.
Y agrega: “El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes”.
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