Casi un año después de que se conociera el video en el que espías, funcionarios y empresarios acordaban cómo meterlo preso, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata sobreseyó al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, y reclamó que se investigue al juez que lo detuvo, Luis Armella, por haber actuado supuestamente en connivencia con las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal.
Por eso mismo, la resolución judicial conocida en las últimas horas, se transforma en un duro pronunciamiento contra la persecución de sindicalistas que llevó adelante la administración encabezada por la ex gobernadora bonaerense a través de sus funcionarios, y que quedó registrada en la tristemente célebre reunión en la que su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, planteó la necesidad de crear una Gestapo para terminar con el gremialismo.
Alejandro Daniel Esmoris, juez del TOF 2 de la capital bonaerense anuló la causa que había contra el “Pata” Medina y otros nueve imputados por asociación ilícita y lavado de activos. La investigación se había iniciado el 31 de julio de 2017 después de que –curiosamente– apareciera un anónimo en la mesa de entradas del juzgado de Armella en Quilmes.
El pedido de nulidad había sido presentado por los abogados Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, quienes recordaron que, durante una reunión en el Banco Provincia, en la ciudad de Buenos Aires, entre empresarios, funcionarios del gobierno de Vidal y agentes de la Agencia Federal del Inteligencia (AFI) -conocida como “Gestapo”-, se convocó a armar una estrategia para impulsar causas contra gremialistas, básicamente de la actividad de la construcción de La Plata.
En la declaración de nulidad, el tribunal enumeró “actos del magistrado instructor que afectaron la garantía de juez imparcial”, y destacó “el indudable y evidente interés que tenían los representantes de los distintos estamentos políticos y de la actividad relativa a la construcción centralizada en la ciudad de La Plata en el armado de causas judiciales en las que Medina resultare legitimado pasivo”.
En esa línea, en el fallo se reseñaron “los diversos contactos telefónicos y personales que esas personas mantuvieron con el juez instructor y con el secretario que intervino”, y se destacó que “no quedan dudas que tal garantía se vio afectada en el trámite inicial de este legajo, habida cuenta que el juez que participó en su instrucción se mostró interesado en el proceso”.
“Todas las circunstancias objetivas reseñadas resultan ilustrativas de cómo se ha lesionado la separación de poderes”, señala el fallo, y agrega que “su ausencia en el ejercicio de la magistratura en el caso concreto sometido a decisión, implica un vicio esencial que impone la declaración de la nulidad reclamada”.
En su presentación, los abogados indicaron que en la filmación de esa reunión queda en claro la ilegalidad de las pruebas que dieran origen a la investigación, y que fueron la base de órdenes de allanamiento y secuestro, además del dictado del procesamiento con prisión preventiva.
Según el juez federal Alejandro Esmoris, la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.
El magistrado retomó lo que investigó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa “Gestapo”, para explicar cómo se armó un expediente contra Medina que lo tuvo tras las rejas. El integrante del TOF 2 platense estableció como punto de inicio la reunión que se hizo el 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada –en la que estuvieron Mauricio Macri, el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Marcelo Villegas, y el entonces ministro de Trabajo bonaerense. Después de ese encuentro, comenzaron las taareas de campo de los espías.
Esmoris resaltó que el 22 de mayo de 2017 se registró una primera comunicación entre el juez que tendría la causa, Armella, y el director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano.
Justamente, De Stefano fue una de las voces cantantes en la reunión del 15 de julio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Allí, Villegas pidió a los empresarios que presentaran denuncias contra Medina, y habló de un acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal del gobierno de Cambiemos para “resolver” el problema que les generaba el líder de la Uocra platense.
“En el plan de criminalización orquestado contra el nombrado, se encontró comprometido desde sus albores el juez Armella”, escribió Esmoris, y dijo que, por eso, comprometió gravemente el derecho de Medina a tener un juez imparcial.
“Su actuar no estuvo regido por la indiferencia que debe gobernar las decisiones jurisdiccionales, en el sentido de que estuvo determinado o, al menos, influenciado, por los intereses asumidos por ciertos funcionarios en aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017”, agregó.
Asimismo, envió copia de su resolución al Consejo de la Magistratura para que se investigue la actuación del magistrado de Quilmes, Luis Armella.
Por otra parte, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados nacional, y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció que pedirá el jury contra el juez Esmoris, firmante del fallo.
Una vez más, quienes levantan hipócritamente las banderas de la ética y el republicanismo, atacan una resolución judicial que se opone a sus intereses.
Ante el pronunciamiento del magistrado, Ritondo sostuvo: “Voy a pedirle juicio político al juez que anuló el caso por extorsión del Pata Medina, un sindicalista mafioso que tuvo de rehén a la ciudad de La Plata y ahora goza del beneficio de estar cuidado por este gobierno”. Y de inmediato, la propia Vidal retuiteó el mensaje de su ex ministro.
Voy a pedirle juicio político al juez que anuló el caso por extorsión del Pata Medina, un sindicalista mafioso que tuvo de rehén a la ciudad de La Plata y ahora goza del beneficio de estar cuidado por este gobierno. pic.twitter.com/4y59vfayf6
— Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 4, 2022