Macri quiere privatizar o cerrar  Aerolíneas Argentinas para dársela a sus amigos

“Aerolíneas Argentinas tiene que dejar de ser estatal, y así sacarnos de encima a (Pablo) Biro y sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roban”. La agresiva y descalificadora referencia pertenece a Mauricio Macri quien, durante la presentación de su libro en la Sociedad Rural, aprovechó no sólo para atacar al dirigente gremial (representante de los pilotos), sino para confirmar –si existía alguna duda- cuál es su pensamiento sobre la línea de bandera y cómo actuaría en consecuencia en caso de volver al poder.

En su discurso, queda claro que el ex presidente se alinea una vez más a favor del desplazamiento del Estado de aquellos espacios donde el capital privado tiene la posibilidad de hacer sus negocios, como lo demuestra tanto la experiencia como sus dichos actuales respecto del mercado aerocomercial.

Y por otro lado, reiteró su idea basada en demonizar a la dirigencia gremial y a los conflictos sindicales, a los que caracteriza reiteradamente como “mafiosos”, con el fin de limpiar de obstáculos el camino a lograr mayores ganancias de los grupos más concentrados.

“Macri ya mostró que se quiere quedar con el negocio aerocomercial”, fue la respuesta que le dio Pablo Biro, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a Macri.

Por su parte, Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, desmintió las afirmaciones del ex mandatario de que si desaparece la empresa aérea estatal, “vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para llegar a todos lados”. El funcionario le recordó que “durante los cuatro años de su gestión y la revolución de los aviones, destruyeron el mercado, se cerraron rutas internacionales, dejaron a Aerolíneas sin liquidez y comenzaron a tomar deuda privada para dejar un endeudamiento de 1000 millones de dólares y un déficit tremendo”.

Según reseña hoy el periodista Raúl Dellatorre en el diario Página/12, la idea de Macri de privatizar Aerolíneas no es nueva. Hubo intentos anteriores, y todos terminaron en rotundos fracasos y escandalosos vaciamientos. El primero fue en los 90, cuando el gobierno de Carlos Menem cedió el control de la línea de bandera a la española Iberia.

Previamente, en las postrimerías del gobierno de Alfonsín se intentó un ensayo de empresa mixta con la escandinava SAS, que no llegó a concretarse. Mientras que la gestión de Iberia culminó tras diversas denuncias por liquidación de activos en beneficios de firmas ligadas a la aerolínea española.

La retirada obligada de Iberia dejó a la empresa en manos del organismo del gobierno español SEPI, que terminó cediéndole la firma al grupo Marsans, con el empresario Antonio Mata a la cabeza. Ya estaba Fernando de la Rúa al frente del gobierno cuando se sucedió una nueva serie de denuncias contra la compañía por nuevas prácticas de vaciamiento contra la línea de bandera.

Fue recién en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, que el Estado recuperó el control de Aerolíneas, primero con una gestión de emergencia que tuvo a Julio Alak al frente y luego, con un proceso más prolongado de recuperación y fortalecimiento comandado por Mariano Recalde.

Durante su gobierno, Mauricio Macri impuso la desregulación total del sistema aerocomercial habilitando el ingreso de empresas sin antecedentes y, en algún caso, simples operadores para triangular el negocio de concesión de rutas aéreas. Entre estas empresas, apareció una perteneciente al mismo clan familiar del presidente, Socma. A través de Avian, línea aérea vinculada a Avianca de Colombia, intentó ingresar al negocio MacAir (Macri Airlines), violando toda regla de ética.

El gobierno de Macri llegó incluso a concederle a estas líneas aéreas low cost (bajo costo e inexistentes servicios para el pasajero), un aeropuerto perteneciente a la Fuerza Aérea en El Palomar, para que pudieran operar desde un espacio muy cercano a CABA, violando incluso normas elementales de seguridad aérea. Por otra parte, en ese período Aerolíneas Argentinas fue obligada además a ceder parte de sus hangares en el Aeropuerto Jorge Newbery para su uso por estas compañias low cost.

De un total de más de diez compañías que hicieron su aparición en los cielos en aquel momento, solo subsisten FlyBondi y Jet Smart. No hubo ni una mayor oferta de vuelos, ni nuevos destinos alcanzados ni menores costos de pasajes por la desregulación del mercado. Objetivos que sí se consiguieron cuando el Estado retomó la política de expansión de Aerolíneas.

La aerolínea de bandera, además de permitir la accesibilidad a cada una de las provincias del país en vuelos diarios, cumplió un rol destacado en plena pandemia trasladando equipos, material médico y luego vacunas, cuando la entrada de vuelos privados a la mayor parte de aeropuertos internacionales estaba vedada por las normas de aislamiento preventivo.

Incluso el rescate de pasajeros varados en el mundo fue posible gracias a la aerolínea estatal, ya que las empresas privadas se negaban a volar.

“El intento de privatización es parte de la ofensiva neoliberal, que privilegia los grandes negocios privados por sobre un proyecto de país que necesita de un plan nacional de transporte integrado, que contemple las vías terrestres, fluviales y aéreas”, señaló el dirigente del gremio gráfico y de la Corriente Federal de Trabajadores (integrante de la CGT) Héctor Amichetti. “Por eso también necesitan presentar a las prácticas gremiales y a sus dirigentes como mafias sindicales, para justificar la erradicación del ejercicio sindical y limpiarles el camino a sus negocios”, agregó.

La acusación de Macri contra Biro está en línea con la creación, ya desde el año pasado, del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) que orientan las macristas Florencia Arieto y Patricia Bullrich. Ya registran varias intervenciones en conflictos gremiales, en los que se acusó a la fuerza sindical de “extorsión” a sus patrones y hacia otros trabajadores que supuestamente quieren trabajar y “los piquetes no los dejan”. Así, los dirigentes gremiales quedan caracterizados como “patotas sindicales” y las denuncias patronales salen del régimen legal laboral y se desvían al fuero penal.

Por esta vía y con un trato favorable en algún caso de los jueces intervinientes, pueden llegar a descomponer el conflicto gremial y en algún caso, como ocurrió con una confrontación con Camioneros a inicios de este año, hasta conseguir una orden de arresto contra algún líder de los trabajadores.

Las acusaciones de “robo”, “prácticas mafiosas” y “extorsión” que utilizó el lunes pasado Macri contra el titular del gremio de pilotos en la presentación de su libro en La Rural, encajan en ese mismo molde. Así como en la disputa entre dos modelos de organización social, económica y política que vuelven a quedar manifiestamente diferenciados.