Un abogado penalista denunció al diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, por interrumpir el discurso del presidente Alberto Fernández durante su discurso del 1 de marzo último ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, y pidió que se lo cite a declaración indagatoria.
No solamente eso, sino que además el pedido presentado exige la intervención de un profesional de la salud mental para verificar una “posible perturbación” del violento legislador ultramacrista, especializado en insultar y agredir en las redes sociales, como un auténtico troll.
La acusación fue realizada hoy por el abogado Antonio Liurgo, y se fundamenta en el artículo 241 del Código Penal, que prevé una condena de 15 días a seis meses de prisión para “el que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad está ejerciendo sus funciones”, y para quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función”.
El denunciante pidió que se establezca si Iglesias padece “indicios de patología psiquiátrica” y “cualquier otro dato de interés respecto de su estructura psicológica de base que le impida conocer la criminalidad de acto aquí investigado”.
“Vengo a requerir que los canales de noticias remitan todas las disputas y actos indecorosos, agresiones, insultos, y defensas del nazismo, violencia de género y toda falta de urbanidad, decoro, o evidencia de patología; con remisión al cuerpo de Peritos Forenses de la Corte para que se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal de Iglesias”, sostiene la presentación.
Entre las medidas de prueba propuestas, figura la declaración testimonial de “las tres mujeres que compartían e integraban protocolarmente sentadas a ambos extremos del Sr Presidente de la Nación al momento de producirse el hecho que aquí se denuncia: Cristina Fernández de Kirchner, Beatriz Rojkes de Alperovich y Cecilia Moreau”.
Previo a avanzar con la investigación, recuerda que Alberto Fernández “se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del Pueblo, quien reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del derecho del Presidente, y lo llevaba adelante con una conducta delictual prevista”, dice la denuncia.