Más temprano que tarde, se caía de maduro que la justicia cómplice y servil al poder real iba a hacer lo que hizo en las últimas horas: la Cámara Federal de Casación Penal dispuso trasladar a Comodoro Py la investigación por el escandaloso viaje de jueces, funcionarios porteños y ejecutivos del Grupo Clarín a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, tal como lo reclamaban los propios denunciados, y que no siga en los tribunales de Bariloche.
De esta manera, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país dispuso “declarar competente” al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos.
No es un dato precisamente menor que tiempo atrás se conoció una conversación entre el magistrado y el ex ministro de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, quien es investigado en la causa que ahora estará en manos de Ramos.
El expediente que llega a los tribunales de Comodoro Py tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Tras el fallo de la Cámara Federal, el juez Ramos le pidió el expediente a su colega de Bariloche -el subrogante Gustavo Villanueva-, pero el magistrado rechazó la inhibitoria. Decidió “no hacer lugar” a la solicitud tras señalar que, al menos por el momento, correspondía que la causa siguiera tramitándose en los tribunales de esa ciudad patagónica, donde se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no ocurrió precisamente en los tribunales porteños que reclaman la causa.
Sin embargo, la Cámara Federal rechazó este criterio y por eso debió intervenir la Cámara de Casación, que es el tribunal común de mayor jerarquía, que determinó que el caso quede en el juzgado de Ramos.
La investigación se centra en el viaje que realizaron todos juntos en octubre pasado a la estancia de Lewis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos privados. La principal razón para el traslado -según Casación- es que los implicados son “funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”.
Además, se investiga si “aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”. Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, agregó: “Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”.
Mientras tanto, el vínculo entre el juez Ramos y D’Alessandro quedó develado por una serie de chats filtrados donde ambos mantienen una conversación por un automóvil.
Sin embargo, recientemente el magistrado se presentó a declarar ante la Comisión de Juicio Político en Diputados, donde aseguró que no tenía relación con D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dos de los implicados en el escándalo de los chats.
Luego, se conocieron nuevos chats entre Ramos y D’Alessandro donde hablaban de una especie de concesionaria de autos o sobre cómo es que el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad le entregara y cediera automotores a un juez federal.
Ante esta filtración, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, denunció a Ramos por falso testimonio. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello desestimó su resolución en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, quien consideró que no había delito.
El cierre formal del caso fue por “falta de impulso fiscal”. Marijuan postuló la desestimación “por considerar que no constituyen delito los hechos contenidos en la denuncia”.